Angel
Mario Ksheratto
Aguilar
Gordillo, cómplice
El
3 de agosto pasado, personal de la Secretaría de Educación, hizo llegar a
Ricardo Gordillo Aguilar, un documento oficial mediante el cual, se le
informaba de las anomalías que se vienen dando en esa dependencia, por parte de
funcionarios de segunda y tercera, especialmente, de empleados de confianza,
desde luego, muy cercanos al titular de la cartera. No hubo respuesta… O el
documento cayó en manos de quienes manejan a su antojo a la Secretaría y han
hecho de ésta, la Cueva de Alí Babá.
En
éste, le detallan a Aguilar Gordillo acciones como la asignación indebida de
plazas a “maestros” que en su vida se han parado frente a un grupo de alumnos.
Así, denuncian a varios de los colaboradores eventuales que el secretario llevó
a sus oficinas en la Unidad Administrativa, mismos que han recibido hasta 40
horas de clases, obviamente, en la ciudad y sin presentarse a laborar.
En
un dossier de documentos en poder de Fichero Político, se especifica, por
ejemplo, las plazas “nuevas” que fueron entregadas a algunos maestros que
llegarían en calidad de “interinos” a algunas escuelas, supuestamente para
sustituir a maestros pre-jubilados. Para ello, los maestros interinos, entre
éstos, familiares cercanos de funcionarios de esa Secretaría. A quienes no les
favorecía el parentesco familiar, se les llegó a cobrar entre 80 y cien mil
pesos por la plaza permanente.
De
esa forma se “sustituyó” a José Jorge Vleeshower Selvas, Teresa Silvia Cortés,
Mario Caballero Reyes, Guillermo Flores Calvo, Estela Ramírez Morales y
Demetrio Sánchez Sánchez, muchos de los cuales habían manifestado su intención
de seguir dentro de la docencia pero fueron obligados a abandonar su profesión.
Claro, los sustitutos, por ser familiares cercanos a los actuales empleados de
confianza de la Secretaría, no se han presentado, lo que implica haber dejado a
los alumnos sin instructor.
En
otros documentos elaborados por maestros inconformes, se acusa a Armando Rojas,
secretario en funciones (Ricardo Aguilar Gordillo se ha excusado infinidad de
veces de no asistir a sus oficinas por “exceso” de trabajos en otros “business”
personales), de estar detrás de toda la ola de corrupción. Según documentos y
grabaciones, Rojas ha autorizado al margen de la ley comisiones de maestros que
previamente han erogado distintas cantidades de dinero. De esa forma, muchos
mentores han abandonado sus lugares de enseñanza para “trabajar” en áreas
inexistentes de la Secretaría e incluso, en el sindicato.
Otro
de los involucrados es Marco Antonio Vásquez Pérez, quien desde el departamento
de Educación Física donde laboró bajo el mandato de Rojas; éste, mañosamente,
dictaminó la apertura de dos plazas en un kínder de Villacorzo. La normativa
determina que para abrir una plaza nueva, el establecimiento debe contar con
cierto número de alumnos; el kínder de la colonia “Cuauhtémoc”, apenas cuenta
con 52 estudiantes. Pero Vásquez Pérez, otorgó dos plazas… Una plaza se la auto
otorgó él mismo y la otra, ¡se la dio a su esposa!
En
la red de corrupción en la Secretaría de Educación también están involucradas
la contadora pública Vitaliana Álvarez Castañeda y la profesora Diome Ruiz,
quienes se encargan de localizar a potenciales “clientes” y cobrarles las
cuotas para obtener desde plazas permanentes, hasta trabajos eventuales,
pasando por interinatos, comisiones y otros negocios lucrativos.
Vásquez
Pérez no ha reparado en abusar de su influencia dentro de la Secretaría de
Educación; yerno, consuegros, sobrinos, tíos, amigos de parranda y muchos más,
son beneficiados con sus acciones al margen de la ley. Muchos de éstos, por
supuesto, no reúnen los requisitos para cubrir plazas e interinatos.
En
la Dirección de Recursos Humanos de esa institución, tampoco se cantan mal las
rancheras. El acoso sexual es una de las formas para presionar a las maestras.
Muchos casos de acoso e incluso, intentos de violación han sido llevados la
Procuraduría, empero por alguna razón, las averiguaciones previas no han
prosperado. En una misiva enviada también a Aguilar Gordillo, una víctima
relata con lujo de detalles cómo fue agredida sexualmente y posteriormente
despedida. Nada hizo el titular.
Ello
nos obliga a preguntarnos: ¿Por qué si Ricardo Aguilar Gordillo tiene otras
obligaciones —del tipo que sean— no renuncia y deja que otro, con capacidad y
honradez, vaya a poner orden? El cúmulo de pruebas en su contra, es abrumador.
La corrupción es inocultable.
La
educación no puede estar en manos inexpertas y sucias. La política del
gobernador Sabines Guerrero es de transparencia y honestidad absolutas. Pero
gentes inescrupulosas, están dando al traste con la buena voluntad e intención
del mandatario.
La
urgencia ahí es no solo de una investigación y sanciones a los deshonrados
funcionarios, sino de un cese fulminante del titular. No ha mostrado la menor
intención de poner freno a la corrupción de sus colaboradores. O no puede, o es
parte del robo descarado. ¿Usted qué opina?
Tarjetero
***
Como se esperaba, Enrique Peña Nieto es el presidente electo de México. Ninguna
de las pruebas presentadas por el equipo de Manuel Andrés López Obrador, surtió
el efecto que esperaba la destartalada izquierda. Ayer mismo, el Tribunal le
entregó su constancia de mayoría y solo es cuestión de rellenar los formatos
para que el 1 de diciembre, asuma formalmente el cargo. Lo que viene entonces,
es acudir a la “Chingada”, el rancho ubicado, aquí en Chiapas, para darle la
bienvenida a López Obrador, quien ayer andaba que no lo calentaban ni los
millones que el gobierno del DF le otorgó, vía contratos con empresas afines a
sus ambiciones. *** Ayer le contaba el asunto de el “líder” del Sindicato de
Burócratas, a quien se le señala de extorsionar a una familia de escasos
recursos, tras un accidente de tránsito. Le mencioné a su abogada, Pancha
Torres Flores, quien se ha encargado de presionar, exigir y amenazar a las
víctimas, para sacarles más dinero. Resulta que la señora Torres Flores, no es
ninguna perita en dulce. Es poseedora, nos informaron, de varias averiguaciones
previas, por los mismos delitos y por algunos relacionados con presuntas ventas
de concesiones para transporte público. Pero además, de extorsionar a empleados
y empleadores que caen en el Tribunal Laboral. Ahí, junto con Rocío Mejía
Ovando, magistrada de dicha instancia judicial, hacen y deshacen de los
expedientes. Esperemos que la Procuraduría, intervenga para evitar que más
víctimas caigan en sus manos. En cuanto al majadero “dirigente” sindical, las
acusaciones no son menores. Estaremos muy pendientes del caso. *** Luego nos
leemos.
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