Termina “Pilo” Lugardo su periodo como alcalde y dejará a la Policía Municipal con una muy mala imagen.
En los últimos días, el Instituto Nacional de Migración confirmó lo que se sabía a voces desde el 2009: maltrato a los ilegales a su paso por este municipio.
Pero, también la población vive mas preocupada por los policías, pues aseguran que resultan peor que los delincuentes.
Y precisamente hace menos de un año, empezó a decaer la confianza en la corporación responsable de velar por la seguridad de los huixtlecos, y de ello no se preocupó el hoy edil saliente.
Zona Costa, la versión impresa, hace un recuento de los daños a la sociedad huixtleca, ventilados en tan solo 2 meses en el 2009 y que destaparon la cloaca de esa dependencia, hoy considera la caja chica de “Pilo”.
El expediente
El hoy procesado por el INM, Héctor Martín Esteva López, por maltrato en contra de centroamericanos, prácticamente tiene un compendio de delitos cometidos a su paso por la Dirección de la Policía Municipal.
Junto con el aún Juez Municipal, Jaciel Cueto Martínez, el 14 de julio del 2009 se dio a conocer que ambos fueron demandados por abuso de autoridad y delitos cometidos en la procuración y administración de justicia, desde mayo de ese mismo año.
En la averiguación previa levantada ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de Huixtla, Julio César Cruz Toledo --de Xochiltepec, comunidad de Tuzantán--, asegura haber sido agraviado por Esteva López y Cueto Martínez, tanto en sus intereses económicos.
Todo sucedió el 10 de abril del 2009, cuando el afectado, al ser dueño de un taxi, fue requerido por una mujer para ser llevada a Ampliación Progreso. Al llegar al lugar, la pasajera se bajó para regresar a pagar, pero para su sorpresa, fue detenida por el Juez Municipal y también buscaron arrestarlo a él.
Llamaron a la Policía Municipal vía radio y a ambos, chofer y cliente, fueron llevados a la preventiva. Allí, Cruz Toledo asegura que le habían dicho en ser consignado, aunque no sabía por qué, ni le explicaban.
Después, lo metieron al despacho del Director de la corporación, en donde también se encontraba el Juez Municipal, quienes “comenzaron a intimidarme moralmente, ya que me manifestaron que la mujer que había llevado a la colonia Ampliación Progreso a bordo de mi taxi, se le había encontrado 2 grapas de droga”, y por lo tanto lo acusaban de complicidad.
En su defensa, respondió no conocer el nombre de la detenida y que no le decomisaron nada a él, solicitando lo dejaran en libertad. Sin embargo, siguieron presionándolo hasta el grado de estallar en llanto.
“Por lo que una vez que vieron que me encontraba atemorizado, me dijeron que podían ayudarme y que no consignarían los hechos levantados ante el Juzgado, y que diera una cooperación de 3 mil pesos y que ahí quedaba arreglado el problema”, se cita en la demanda.
El chofer, alegó no contar con ese recurso, a lo cual recibió la advertencia de tener 10 horas para reunir esa cantidad, en caso contrario, sería trasladado a Tapachula.
Mas tarde, llegó su cuñado a verlo y al saber la situación, sacó la cantidad de 2 mil 600 pesos, producto de su trabajo, que entregó al Juez Municipal y delante del Director de la Policía, y con ello, alcanzó su libertad Julio César.
Por eso, la víctima procedió a demandarlos por abuso de autoridad y abuso de funciones públicas, pues también los acusa de violencia física y moral.
“Me vejaron, y estando encargado de la administración de justicia sin existir requisito legal me tuvieron detenido, manteniéndome privado de mi libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente, y no cumpliendo con dejarme en libertad”, expone.
Como pruebas, presentó la testimonial de los señores Miguel Ángel Escobar Borralles y Fernando Robles Rizo y la documental pública, un oficio girado al Director de Recursos Humanos del ayuntamiento de Huixtla.
El acusado, pedía que se desahogue el caso ante el juzgado penal y se liberara la orden de aprehensión correspondiente.
La siguiente denuncia llegó a parar a manos de los regidores del cabildo y ante el Consejo Municipal de Seguridad Pública, como se dio a conocer el 15 de julio del 2009, en donde se señalaba al entonces director de golpear al joven Luis Fernando Balbuena Domínguez.
La madre de la víctima, María Elena Domínguez Morales, explicó: “Resulta que este señor, en lugar de velar por el orden y proteger a la ciudadanía, hace todo lo contrario, y no es la primera vez. Algunos de mis familiares han sido víctimas de los atropellos y ahora me toca a mí”, expone, de entrada.
Todo se dio el 1 de julio del año pasado, alrededor de las 12 del día, cuando con lujo de violencia el Director de la Policía Municipal de Huixtla, atacaba a Luís Fernando en la puerta de la casa de su tío Carlos Domínguez Morales.
“Yo con educación traté de preguntarle de que se trataba y en respuesta me dio un empujón que si no alcanzo a agarrarme de un poste de teléfono, quien sabe que me hubiera pasado. Al ver esto y las injusticias en contra de mi hijo, que no había cometido ningún delito y que le arrebataron su billetera con 5 mil pesos, se metió la gente a defenderlo, quitándoselo a este señor, que en mala hora lo nombraron Director”, detalla la inconforme.
Y reclama al edil Porfirio Lugardo López: “Este es el agradecimiento o respuesta que estamos obteniendo de parte suya al apoyarlo para que usted fuese presidente”.
Otra demanda se dio a conocer el 16 de julio del 2009 (averiguación previa 195/12/2009), también en contra del Juez Municipal, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad, intimidación y privación ilegal de la libertad en contra de Edubina Sánchez López y Verónica Monzón Coronel.
“Que siendo las 18:00 horas del día 12 de julio, cuando nos dirigíamos a nuestro domicilio particular establecido en el Lote 366, manzana 16 de la Colonia Torrecillas, y al ir transitando sobre la Avenida Rayón y Calle Francisco I. Madero de esta ciudad, a la altura de la Farmacia San José, un grupo conformado por 5 policías municipales de los cuales 2 eran del sexo femenino y 3 del sexo masculino, sin mediar palabra alguna y darnos explicación, se abalanzaron contra nosotras sujetándonos fuertemente del brazo y rociándonos gas en los ojos”, exponen,
De inmediato, llegó la patrulla 016, que iba al mando del Director de la Policía, Héctor Martín Esteva López, acompañado del Comandante Ricardo Ibarra Díaz, quienes, aseguran, con lujo de violencia y de manera brutal “nos subieron a la patrulla para trasladarnos a los separos preventivos municipales, quienes en compañía de los 5 policías municipales más, durante el trayecto a las instalaciones de la Comandancia Municipal, nos venían golpeando a bordo de la patrulla poniéndonos sus botas o zapatos en nuestros rostros”.
Ya en el área de registro de detenidos, Edubina y Verónica pidieron al responsable de la seguridad de los huixtlecos les diera una explicación, “ya que nosotros no estábamos haciendo nada, únicamente nos dirigimos a tomar la combi para ir a nuestro domicilio”, recibiendo como respuesta groserías y amenazar de irles mal.
Incluso, Esteva López las revisó personalmente y les advirtió en que si encontraba algo de valor y no lo comprobaba, las iba a turnar al Ministerio Público, pues las acusó de ser sospechosas de robo, “por lo que le manifestamos nuevamente de que no sabíamos de que estaba hablando, que nosotros nunca hemos robado, mucho menos haber ofendido a alguien”.
En eso intervino el Comandante de nombre Ricardo Díaz Ibarra --hoy también detenido por delitos del fuero común-- y se acercó a ellas presionando para que confesaran y “dándonos una bofetada en la mejilla, por lo que al ver que nos resistimos a despojarnos de nuestra ropa, el Director de la Policía ordenó nos despojaran de ella a lo cual los elementos por ordenes nos tiraron al piso y empezaron a golpearnos por diferentes partes de nuestro cuerpo, ocasionándonos golpes contusos y moretones, ya sometidas nos desnudaron e nos ingresaron a las celdas”.
Después de 2 horas, se presentaron de nueva cuenta el jefe policíaco acompañado del Juez Municipal, “para decirnos que si queríamos salir le teníamos que dar la cantidad de 3 mil pesos cada una, que de lo contrario nos iba a dejar encerradas y nos iba a poner a disposición del Ministerio Público por el delito de robo”.
Al día siguiente, ambos funcionarios les dijeron a las detenidas que “les iban a echar la mano” y por esa misma cantidad salían las dos, con la condición de no proceder en su contra, “que los disculpáramos que lo de nuestra detención se debió a un error de información”. Así, accedieron las afectadas, no sin antes firmar una responsiva y en un oficio en donde se señala haber salido sin golpes y sin ser maltratadas.
Y el tono de las denuncias subió de tono, pues el 17 de julio del 2009, Librado Gudiel Torres Cruz, campesino de la comunidad “Las Morenas”, denunció que 8 días antes fue golpeado por un comandante de la Policía Municipal en su ojo izquierdo.
En las afueras del ayuntamiento, acuerpado por otras 2 personas, declaró a la prensa que el 10 de julio de ese año, alrededor de las 4 de la tarde, fue detenido junto con su amigo Misael Rodas, a la altura de Teléfonos de México, en donde comían unos tacos.
De repente, apareció la patrulla 016, y a bordo el Comandante Ricardo Ibarra Díaz, quien dijo “que no habíamos pagado una cuenta”.
“Como vio borracho a mi otro compañero, la dueña del puesto creo que llamó a la Policía Municipal”, expone el afectado. Y continúa: “Me agarraron por atrás y me echaron a la patrulla”.
Torres Cruz, asegura que pedía una explicación, pero no se la daban. Ya adentro de los separos de la preventiva municipal, el Comandante Ibarra Díaz lo dio una patada en el ojo izquierdo, de lo cual aún no se recupera.
Allí, durante su estancia, de viernes a sábado, sostiene haber visto como golpean a los otros detenidos de la Policía Municipal.
Ya para el 11 de julio, se vio en la necesidad de pagar una multa de 250 pesos para alcanzar su libertad.
Y a pesar de estos casos comprobados, el 20 de julio el cabildo sesionó, pero no dieron resultados para sancionar al entonces responsable, Héctor Martin Esteva López.
Incluso, el alcalde acusó a la Procuraduría de Justicia del Estado en Chiapas de estar atrás de las averiguaciones previas.
Ante esto, el 22 de julio del 2009, la organización de Derechos Humanos No Gubernamentales “Una Mano Amiga”, documentó un caso en contra de un locatario del mercado “Miguel Hidalgo”, el cual fue golpeado y hasta amenazado de ser violado por la Policía Municipal.
Y esto, porque lo obligaban a que depositara una pensión en el Juzgado Municipal, la cual ya estaba acordada en el la Sala Civil.
Juan Carlos Rodríguez Arguello, presentó la demanda el 17 de marzo en contra del Director de la Policía, Martín Esteva, de los elementos Alberto López Moreno y Hernán Hernández y en contra del juez del municipio, Jaciel Cueto, por los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas, robo con violencia, abuso de autoridad, tortura, entre otros.
Todo comenzó, cuando su ex amasia Susana Guadalupe Rabanales Roblero llegó acompañada de Esteva y de los demás gendarmes para entregarle un citatorio del Juzgado Municipal a Rodríguez Arguello, para arreglar lo de la pensión de su hija, y con lujo de violencia.
Sin embargo, el afectado alegó que ya había depositado un recurso ante el Juzgado Civil desde el 13 de marzo.
El asunto no quedó ahí, pues el 16 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana, llegaron los policías al mando del Director al puesto de Juan Carlos al mercado “Miguel Hidalgo”, en donde lo detuvieron, lo golpearon y le robaron un celular y dinero durante el trasladado a la preventiva municipal.
En los separos, vivió un “calvario”, pues los hoy demandados amenazaron hasta con violarlo.
Ya para la noche de ese mismo día, fue requerido por el Juez Municipal, quien le pidió pagar 500 pesos para pensión de su hija, 250 pesos de multa y otros 200 pesos por supuestamente haber roto una playera de los uniformados.
En respuesta, el Director de la Policía envío un escrito de contestación al Ministerio Público de Huixtla el 26 de abril, en donde prácticamente se deslinda de responsabilidades, aclarando no haber comandando la patrulla el 16 de marzo.
El Presidente y asesor jurídico de “Una Mano Amiga”, Jesús Cortes Moguel y Jesús Castillo Loarca, respectivamente, aseguraban con haber recibido más casos como de asaltos a quienes han salido de las cantinas y bares de Huixtla y son asaltados, a decir de los afectados, por la Policía Municipal.
Incluso, a quienes dejan estos lugares y se suben a sus carros, los abordan y los amenazan con llevarlos al Ministerio Público por haber cometido el delito de ataques a las vías de comunicación.
Sin embargo, la mayoría de las víctimas no han procedido por no contar con testigos.
Después, el 23 de julio del 2009, Pedro López González, originario de Malacatán, Guatemala, denunció haber sido maltratado por la Policía Municipal.
Asegura que lo detuvieron sin cometer ningún delito, lo golpearon, le quitaron dinero y pertenecías y lo pusieron a lavar los baños de la corporación con sus propias manos.
Pedro López dijo que ya lleva un mes trabajando en la finca “El Portillo”, de Tuzantán, y en el día que ocurrieron los hechos, estaba tomando una cerveza con otra persona en la cantina denominada “El Escondite”, alrededor de las 5 de la tarde, cuando aparecieron 3 policías.
“Se fueron directamente hacía mí y me jalonearon hacía la patrulla. Yo les decía que por qué me detenían, pero me trataron mal. De “cachuco” no me bajaban”, explicó.
Como respuesta, sostiene que recibió 2 patadas y así, en medio de insultos y golpes, lo trasladaron a la preventiva municipal.
Aseguró haber pasado una noche fría, pues ni siquiera le permitieron usar una sabana, y le quitaron 500 pesos en efectivo, que llevaba en su pantalón.
“Me discriminaron. De “cachuco” no me bajaban. Y que por eso no hay ley para mí”, expresó.
A la mañana siguiente, lo mandaron a lavar los baños, pero con sus propias manos. Después, le entregaron sus cosas, pero ya estaban incompletas.
Así, Pedro López le pidió una mujer policía que le devolvieran su dinero y por eso recibió 2 “cinchazos” y lo regresaron a los separos. Sin embargo, horas después fue puesto en libertad.
“Solo espero que no se lo hagan a otro compañero. Dicen que son la ley, que pueden hacer lo que les venga en ganas”, agregó.
La gota que se derramó
Y a pesar de que los casos anteriores fueron de agresiones, lo que llevó al colmo fue la denuncia de violación realizada por una joven de 19 años.
Por si fuera poco, el alcalde “Pilo” Lugardo omitió la denuncia y prácticamente se convirtió en cómplice de este delito.
Las hermanas, Juana Magali, Margarita Concepción y Ana Jacinta, de apellidos Toledo García, fueron víctimas del abuso de poder que cometió Esteva López.
Fue el sábado 15 de agosto del año pasado, como a las 10 de la mañana, cuando Margarita y Ana caminaban sobre el mercado “Miguel Hidalgo”, realizando unas compras, se toparon con el entonces director en el puesto de ropa que atiende.
“Le dijo a Margarita que se presentarán en la comandancia a la 1 de la tarde. Ya las acompañe --declara Magali--, y nos dieron a las 3 de la tarde cuando llegó el Director de la Policía Municipal. Pidió hablar primero conmigo y me violó físicamente. Después llamó a la más pequeña de nosotros, Ana, y la empezó a cuestionar. Y por último a Margarita la desnudó y la empezó a tocar, pero no abusó de ella. Siempre nos amenazó con enviarnos al DIF Municipal”.
Magali, Margarita y Ana, han sufrido desde el asesinato de su madre a manos de su padre, cuando vivían en Acapetahua. De ahí, vinieron a Huixtla, en donde han buscado trabajo, pero abusan de ellas al no pagarles. Hasta el año pasado, se sabían que rentaban en una vecindad ubicada sobre la Avenida Independencia, antes de llegar a la Dirección de Salud Municipal.
“Éramos 10 hermanos, de los cuales los 5 varones se fueron a los Estados Unidos y ya no se han acordado de nosotras”, explica Magali, sobre su tormentosa vida.
Y corrió con la desgracia de ser violada por el ex funcionario municipal, de quien asegura no es la primera vez que lo hace.
“Me pidió que viviera con él. Me dijo que cuento cobraba. Que le habían dicho que yo soy una prostituta. Lo cual no es cierto”, agregó.
Magali es la cabeza de sus hermanas, pues Ana tiene 13 años, Margarita 10 y una más pequeña, Verónica, de 4 años.
Como consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al alcalde Porfirio Lugardo López el 27 de agosto, para separar del cargo a Héctor Martín Esteva López.
Sin embargo, pasó casi un mes para que la primera autoridad propusiera al cabildo su destitución.
Aunque también circularon versiones que la verdadera razón de la caída del jefe policiaco, se debió a ya no reportar la “cuota diaria”.
Y hace semanas, Esteva López lo detuvieron por maltrato a ilegales. (Redacción/Zona Costa)
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