México, DF. Agosto 21.- Tan sólo en este año, en el país se han registrado 10 mil intentos de extorsión vía mensajes de texto por celular y 7 mil llamadas a teléfonos móviles en amagos de secuestro y extorsión, reveló el subsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Rafael del Villar Alrich.
En la Cámara de Diputados, donde legisladores del PAN fueron víctimas el 27 de noviembre pasado de intentos de extorsión telefónica, explicó que ante esa situación se encuentran en etapa de evaluación políticas que tienen que ver con el manejo de los celulares.
Agregó que la finalidad primordial es restringir que los aparatos de comunicación se utilicen para ilícitos.
Detalló que la dependencia fortalecerá las políticas públicas que rigen a los usuarios de telefonía celular.
En entrevista, en la Cámara de Diputados, al acudir al foro "La Red Nacional del Conocimiento", del Villar Alrich sostuvo que las cárceles se tienen registradas como uno de los sitios de donde se comete más este delito.
"Es necesario hacer un análisis para que se identifiquen a las personas que incurren en el ilícito, además de definir políticas en el sector".
Explicó que ya se hace el análisis "de lo que se requiere para identificar a las personas que hacen mal uso de las bases de datos, de donde adquieren los teléfonos, la finalidad es buscar, encontrar y sancionar a los que cometen ilícitos".
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo el funcionario, analiza la problemática y busca acciones en coordinación con el Legislativo.
"Porque algunas determinaciones que se tomen requieren de modificaciones al marco legal".
Del Villar Alrich aceptó que el crimen organizado opera muy rápido, de ahí que el Ejecutivo tiene que redoblar la velocidad de las acciones que lleva a cabo, "para poder encontrar y sancionar a quienes comenten ilícitos".
Plantea Cofetel crear registro de usuarios de celulares
La Comisión Federal de Telecomunicaciones propuso la creación de un registro de usuarios de telefonía y que todos los aparatos cuenten con tecnología de ubicación geográfica (GPS) de manera obligatoria.
El órgano regulador señaló que esta iniciativa requiere adicionar dos párrafos al artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el fin de que los concesionarios del Servicio Telefónico, particularmente del móvil, queden obligados a recabar información mínima de sus usuarios.
Con esto cada operador de telefonía crearía una base de datos interna, que permitiría identificar en todo momento a cada uno de los adquirientes del servicio telefónico y su dirección física.
El texto contempla que debido a que actualmente existe un gran número de usuarios que tiene contratados ya servicios de telecomunicaciones con numeración asignada y a los cuales no se les exigió la presentación de ninguna documentación, es conveniente crear un artículo transitorio a efecto de otorgarles un plazo para que recaben dicha información de sus clientes.
Si el plazo vence sin que los usuarios no entregan la información requerida, entonces los concesionarios deberán suspenderles el servicio, aunque después podrían realizar una nueva contratación conforme a los términos señalados.
"Lo anterior a fin de estar en posibilidad de auxiliar a las autoridades facultadas para ello y, cuando les sea solicitado, proporcionar información que permita prevenir y perseguir los actos delictivos realizados con teléfonos, en particular celulares", así lo estableció la opinión que entregó la Cofetel en respuesta a una solicitud planteada por legisladores sobre las medidas para combatir los ilícitos realizados a través de los celulares.
El documento fue entregado hoy a la senadora María Elena Orantes López, como a los diputados Óscar Gustavo Cárdenas Monroy y Marco Heriberto Ruiz Velasco.
También el secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, y el subsecretario de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc Cardona, recibieron la propuesta.
Especialistas estiman poco viable un registro
Especialistas en telecomunicaciones consideraron poco viable la creación de un registro de usuarios de teléfonos celulares, ya que éste debe contemplar aspectos sensibles como la privacidad de las personas y eventuales costos tanto para los operadores como para el propio gobierno.
La ex comisionada de Cofetel, Clara Luz Álvarez, destacó que esta alternativa, que forma parte de los compromisos asumidos del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, no garantizaría una disminución de los delitos en los que está involucrado un dispositivo móvil.
"Un número celular y su dueño pueden estar en un registro pero qué pasa si es robado o extraviado; no sirve de nada tener nombres. Sucede lo mismo con el registro vehicular cuando un delincuente desea hacer daño lo hace precisamente robando un auto para luego abandonarlo"
Antes de pensar en una medida como ésta, que generaría costos para los operadores y para los usuarios ya que significaría tener que acudir a registrar sus celulares, se debe pensar en los problemas que son una realidad como la corrupción dentro de las cárceles en donde se tolera la existencia de celulares entre los reclusos.
Por ello, una base de datos de este tipo debe contemplar aspectos sensibles como el de la privacidad de las personas y que sus datos no pudieran ser utilizados para intervención de llamadas y con ello generar las condiciones para nuevos delitos.
Por su parte, el director de comunicación corporativa de Nokia, Manuel González, destacó que tecnológicamente los fabricantes de teléfonos celulares proveen medidas de seguridad que van desde un número de identificación del equipo hasta sofisticados sistemas de localización satelital GPS.
Sin embargo, es complejo tener los datos de identificación de un teléfono que se compró a través del esquema de prepago, bajo el cual se adquiere más de 90 por ciento de los casi 70 millones de celulares que hay en el país.
"Como fabricantes tenemos muy claro que la seguridad de los usuarios de nuestros equipos es fundamental, en nuestra gama media y alta tenemos teléfonos a costos muy razonables que cuentan con tecnología GPS que pueden dar la ubicación vía satélite con datos de altitud y longitud".
González destacó que aunque el tema de la seguridad es competencia de operadores y autoridades, a nivel mundial los fabricantes se preocupan por desarrollar aplicaciones tecnológicas que pueda contribuir al bienestar y seguridad de sus usuarios.
Refirió que existen plataformas cuyo objetivo inicial es la interacción entre usuarios bajo un modelo Web 2.0, pero dados los altos niveles de inseguridad que enfrentan no sólo México sino países de Latinoamérica podrían evolucionar y enfocarse a la seguridad.
Un ejemplo, dijo, son los sistemas de localización geográfica vía satelital, a través de los cuales se pueden identificar las coordenadas del lugar donde fue tomada una fotografía o el sistema que permite borrar desde un sistema central la información personal y de trabajo que pudiera poner en riesgo a un usuario que perdió su celular o fue víctima de robo.
La creación de una base nacional de datos de teléfonos celulares forma parte de los 23 compromisos del poder Ejecutivo para el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad. (De Las Agencias)
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