Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Octubre 01.- Ex funcionarios presos durante el gobierno del aliancista Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006) demandaron al ex mandatario y a un grupo de ex colaboradores, por diversos delitos penales.
Asimismo, acusaron a Salazar Mendiguchía y al ex fiscal general del estado Mariano Herrán Salvatti de pretender "comprar candidaturas plurinominales a diputados federales en la elección de 2009 por los partidos del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI), a fin de permanecer en la impunidad.
El grupo de ex funcionarios y ex colaboradores del ex gobernador priísta Roberto Albores Guillén ( 1998-2000) presentó y ratificó la querella en contra de Salazar Mendiguchía, del ex fiscal Herrán Salvatti y del ex magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Milton Escobar Castillejos.
El ex mandatario y sus ex colaboradores son acusados de asociación delictuosa, abuso de autoridad y delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia.
A las acusaciones en contra del ex fiscal Herrán Salvatti se añaden señalamientos de presuntas violaciones a derechos humanos de un grupo de ex reos indígenas, que actualmente son investigadas por el Ministerio de Justicia del Estado (MJE).
La demanda fue interpuesta por el ex procurador general de justicia, Eduardo Montoya Liévano; José Librado de la Torre, ex secretario de Ganadería y Agricultura; Florencio Madariaga Granados, ex subprocurador jurídico y normativo d e la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado y ex secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
En la misma acusan también el ex gerente general de la Comisión Estatal de Caminos, Arturo López Martínez y ex titular de la Secretaría de Salud, Humberto Córdova Cordero.
Los ex colaboradores de Albores Guillén fueron exonerados durante el actual gobierno, encabezado por el perredista Juan Sabines Guerrero, tras permanecer seis años en el penal El Amate, acusados de asociación delictuosa, peculados millonarios y abuso de autoridad.
En declaración conjunta, los querellantes denunciaron que "vieron en nosotros a sus más acérrimos enemigos y nos consideraron delincuentes durante el gobierno de Pablo Salazar por el hecho de ser funcionarios de un ex gobernador que pudo haber sido candidato nuevamente al gobierno del estado".
En entrevista el ex procurador general de justicia, Montoya Liévano, quien estuvo preso durante más de 2 años y medio, advirtió que tanto Pablo Salazar como Mariano Herrán estarían buscando ser nominados a candidatos a diputados federales plurinominales en la elección intermedia de 2009 para protegerse de las acciones legales en su contra.
"Ambos buscan la posibilidad de comprar posiciones plurinominales en el PT y el PRI además del padrinazgo para permanecer impunes mientras prescriben los cargos que ahora enfrentarán", puntualizó el ex funcionario. (De Las Agencias)
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