Chicomuselo,
Chiapas. Septiembre 17.- Los asistentes al Segundo foro en defensa de la tierra
y el territorio efectuado en el ejido Santa María, de este municipio, situado
en la zona fronteriza con Guatenala, hicieron un llamado a los ejidatarios y
personas que cuenten con derechos agrarios, a no ceder sus terrenos para la
explotación minera a cielo abierto.
Les
pidieron “ser conscientes del daño que le hacen a la madre tierra, que no es
una mercancía si no una parte fundamental para poder vivir, pues de ella nos
alimentamos”.
“Nos
indigna que ante la pobreza y falta de información nuestras comunidades tengan
que aceptar estos proyectos que ponen en riesgo sus propias vidas, como sucedió
los ejidos Grecia y Nueva Morelia (situados en Chicomuselo), donde se puede
constatar la disminución de agua en los manantiales y el daño irreparable que
se le dio al medio ambiente con la destrucción de árboles”, agregaron en las
conclusiones dadas a conocer este lunes.
El
foro se realizó ayer domingo con la presencia del obispo de Huehuetenango,
Guatemala, Alvaro Ramazzini --quien ha acompañado a las comunidades que se
oponen a la explotación minera en su país--, como parte de las actividades de
la Jornada Nacional e Internacional, organizada por la Plataforma Chiapas del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier
Sicilia.
“Como
hijos e hijas de Dios estamos llamados a promover una vida plena, llena de paz
y armonía con nuestros pueblos, por lo tanto siempre estaremos dispuestos a
defender la vida y a rechazar todo proyecto que genere destrucción y muerte”,
expresaron los participantes, entre ellos las parroquias de San Pedro y Pablo
Chicomuselo; Santo Niño de Atocha Frontera Comalapa y San Sebastián, Comitán,
así como de diversas organizaciones no gubernamentales.
“Como
Iglesia nos preocupa que nuevamente se violenten los derechos de nuestros
pueblos, a través de una de los acciones más depredadoras contra nuestra madre
tierra como es la minería a cielo abierto, que trae distintas afectaciones a
nuestras comunidades como la salud, el medio ambiente y el rompimiento del
tejido social”, señalaron.
Afirmaron
que además “viola derechos consagrados en la Constitución Política y en
distintos convenios y tratados internacionales como es el derecho a la consulta
y al Consentimiento Libre Previo e Informado establecido en el convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en la carta de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pidieron
a los distintos niveles de gobierno, “respetar los derechos humanos reconocidos
en instrumentos nacionales e internacionales como la Ley Federal del Equilibrio
Ecológico y Protección al Medio Ambiente”.
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