El ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía fue detenido el pasado 7 de junio en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, y trasladado al penal de El Amate, en Cintalapa, Chiapas, acusado de desviar 104 millones de pesos durante su gestión (2000-2006). Aparte enfrenta cuatro procesos más por distintos delitos.
La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por el juez tercero en materia penal, como parte de la causa 96/2011, por los supuestos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
El gobierno de Chiapas informó: “A través de una aseguradora, (el ex mandatario y otros funcionarios de su administración) contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2, que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia total y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes de terminar su administración al frente del gobierno del estado”.
“Los ex servidores públicos involucrados dieron un poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la compañía aseguradora para realizar todos los trámites correspondientes y cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir su periodo, cuando ya no eran servidores públicos”.
“El expediente penal comprende diversas diligencias, entre las que destacan peritajes en materia contable y grafoscópica, así como testimoniales con los que se corroboró que Pablo Salazar dijo que ese dinero era ‘un bono sexenal’”, señalaron entonces las autoridades.
Más acusaciones
Al siguiente día de su detención, Salazar inició una huelga de hambre en protesta por su detención, misma que terminó cinco días después a petición de sus familiares.
El 11 de junio se le acusó de otro delito, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Chiapas integró una averiguación previa en su contra por la muerte de 30 recién nacidos entre diciembre de 2002 y enero 2003, en el Hospital de Comitán.
El 14 de junio le fue dictado auto de formal prisión, y la Procuraduría estatal le aseguró tres propiedades, como parte de las acciones legales en su contra, además de perder sus derechos políticos.
Por el presunto delito de homicidio doloso, luego de la muerte de 30 recién nacidos, el 9 de agosto Salazar se inconformó con la resolución y rechazó el delito en su contra, además denunció violaciones al procedimiento.
El 2 de diciembre, la Procuraduría de Justicia ejecutó otra orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita. (Retomado del periódico El Universal)
La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por el juez tercero en materia penal, como parte de la causa 96/2011, por los supuestos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
El gobierno de Chiapas informó: “A través de una aseguradora, (el ex mandatario y otros funcionarios de su administración) contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2, que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia total y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes de terminar su administración al frente del gobierno del estado”.
“Los ex servidores públicos involucrados dieron un poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la compañía aseguradora para realizar todos los trámites correspondientes y cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir su periodo, cuando ya no eran servidores públicos”.
“El expediente penal comprende diversas diligencias, entre las que destacan peritajes en materia contable y grafoscópica, así como testimoniales con los que se corroboró que Pablo Salazar dijo que ese dinero era ‘un bono sexenal’”, señalaron entonces las autoridades.
Más acusaciones
Al siguiente día de su detención, Salazar inició una huelga de hambre en protesta por su detención, misma que terminó cinco días después a petición de sus familiares.
El 11 de junio se le acusó de otro delito, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Chiapas integró una averiguación previa en su contra por la muerte de 30 recién nacidos entre diciembre de 2002 y enero 2003, en el Hospital de Comitán.
El 14 de junio le fue dictado auto de formal prisión, y la Procuraduría estatal le aseguró tres propiedades, como parte de las acciones legales en su contra, además de perder sus derechos políticos.
Por el presunto delito de homicidio doloso, luego de la muerte de 30 recién nacidos, el 9 de agosto Salazar se inconformó con la resolución y rechazó el delito en su contra, además denunció violaciones al procedimiento.
El 2 de diciembre, la Procuraduría de Justicia ejecutó otra orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita. (Retomado del periódico El Universal)
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