A cuadro
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Octubre 27.- Tras casi seis años de indagatoria en torno al Caso Acteal, la Fiscalía de Especialización de Chiapas presentó su informe final donde inculpa al ex presidente Ernesto Zedillo y a su secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, del asesinato de 45 indígenas tzotziles, ocurrido el 22 de diciembre de 1997.
“Ambos funcionarios incurrieron en responsabilidades antes, durante y con posterioridad a los hechos. Antes, puesto que previo al crimen actuaron de manera conspiratoria, ya que se coaligaron para ignorar y ocultar las múltiples advertencias y avisos que se les hicieron sobre la inminente matanza”, se inscribe en el reporte.
La Fiscalía dictaminó también responsabilidad al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y al entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, a partir de testimonios ministeriales, entre ellos el de Emilio Chuayffet, quien fungió como secretario de Gobernación durante el sexenio de Zedillo Ponce de León.
Así, en el reporte de la declaración ministerial de Chuayffet Chemor, rendida en Toluca, Estado de México, el 20 de diciembre de 2008, se lee:
“El conflicto en Chenalhó comenzó a gestarse mucho tiempo antes de las noticias del obispo Vera y de la propia matanza de Acteal, desde febrero de 1996 y, en su espiral más violenta, desde mayo de 1997. Todos los funcionarios federales compartíamos esa información, y de las circunstancias que la rodeaban, y en las distintas instancias de coordinación para los asuntos de Chiapas, toda esa información era la base para la adopción de decisiones: proteger la seguridad de las personas, restaurar el Estado de derecho”.
El expediente conforma la demanda de reparación de daño contra Zedillo, la cual fue interpuesta en septiembre pasado en Estados Unidos por los familiares de diez víctimas.
Se arguye que los funcionarios tuvieron conocimiento previo de un año en cuanto a la matanza, debido a la política de contrainsurgencia llamada Plan de Campaña Chiapas 94, la cual fue implementada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el informe, dicha iniciativa dio apertura a la creación de grupos paramilitares consignados a la eliminación de los comandos urbanos y la desintegración o control de las organizaciones de masas.
En noviembre de 1998, la versión oficial dada por la PGR, conocida como el Libro Blanco, sobre el asesinato de los 45 integrantes de la sociedad civil Las Abejas, fue que había sido causado por un enfrentamiento entre comunidades rivales a razón de disputas sobre propiedades comunales.
Por ello, acusó penalmente a 145 personas, entre ellas, a 128 civiles, de los cuales 83 eran tzotziles y 15 oficiales de seguridad pública.
Ven responsabilidad de Chuayffet en crimen
Emilio Chuayffet podría tener responsabilidad “por acción u omisión” en la matanza de 45 indígenas ocurrida en 1997 en Acteal, Chiapas, cuando el ahora presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados estaba al frente de la Secretaría de Gobernación, consideró el diputado perredista Alejandro Encinas.
El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales aclaró que esa u otras presuntas responsabilidades serán materia de la investigación, por lo que insistió: “Habrá que esperar al resultado”.
Contra Chuayffet, dijo, “ha habido señalamientos, por eso se le citó.
Esperemos conocer los resultados de esas pesquisas; no sólo se debe señalar a los responsables materiales sino a los que, siendo su responsabilidad impedirlo, permitieron por omisión que ocurrieran esos hechos”.
“Ambos funcionarios incurrieron en responsabilidades antes, durante y con posterioridad a los hechos. Antes, puesto que previo al crimen actuaron de manera conspiratoria, ya que se coaligaron para ignorar y ocultar las múltiples advertencias y avisos que se les hicieron sobre la inminente matanza”, se inscribe en el reporte.
La Fiscalía dictaminó también responsabilidad al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y al entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, a partir de testimonios ministeriales, entre ellos el de Emilio Chuayffet, quien fungió como secretario de Gobernación durante el sexenio de Zedillo Ponce de León.
Así, en el reporte de la declaración ministerial de Chuayffet Chemor, rendida en Toluca, Estado de México, el 20 de diciembre de 2008, se lee:
“El conflicto en Chenalhó comenzó a gestarse mucho tiempo antes de las noticias del obispo Vera y de la propia matanza de Acteal, desde febrero de 1996 y, en su espiral más violenta, desde mayo de 1997. Todos los funcionarios federales compartíamos esa información, y de las circunstancias que la rodeaban, y en las distintas instancias de coordinación para los asuntos de Chiapas, toda esa información era la base para la adopción de decisiones: proteger la seguridad de las personas, restaurar el Estado de derecho”.
El expediente conforma la demanda de reparación de daño contra Zedillo, la cual fue interpuesta en septiembre pasado en Estados Unidos por los familiares de diez víctimas.
Se arguye que los funcionarios tuvieron conocimiento previo de un año en cuanto a la matanza, debido a la política de contrainsurgencia llamada Plan de Campaña Chiapas 94, la cual fue implementada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el informe, dicha iniciativa dio apertura a la creación de grupos paramilitares consignados a la eliminación de los comandos urbanos y la desintegración o control de las organizaciones de masas.
En noviembre de 1998, la versión oficial dada por la PGR, conocida como el Libro Blanco, sobre el asesinato de los 45 integrantes de la sociedad civil Las Abejas, fue que había sido causado por un enfrentamiento entre comunidades rivales a razón de disputas sobre propiedades comunales.
Por ello, acusó penalmente a 145 personas, entre ellas, a 128 civiles, de los cuales 83 eran tzotziles y 15 oficiales de seguridad pública.
Ven responsabilidad de Chuayffet en crimen
Emilio Chuayffet podría tener responsabilidad “por acción u omisión” en la matanza de 45 indígenas ocurrida en 1997 en Acteal, Chiapas, cuando el ahora presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados estaba al frente de la Secretaría de Gobernación, consideró el diputado perredista Alejandro Encinas.
El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales aclaró que esa u otras presuntas responsabilidades serán materia de la investigación, por lo que insistió: “Habrá que esperar al resultado”.Contra Chuayffet, dijo, “ha habido señalamientos, por eso se le citó.
Esperemos conocer los resultados de esas pesquisas; no sólo se debe señalar a los responsables materiales sino a los que, siendo su responsabilidad impedirlo, permitieron por omisión que ocurrieran esos hechos”.
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