Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Octubre 20.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que por su presunta participación en un peculado de 104 millones de pesos, la Interpol-México detuvo ayer a David Arturo Franco Arévalo, ex funcionario de la administración del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien se encuentra preso en el penal de Huixtla.
En un comunicado precisó que el ex funcionario de la Secretaría de Administración fue detenido durante las primeras horas del miércoles, a su arribó al Distrito Federal en el vuelo 409 de American Air-Line, procedente de Dallas, Texas, donde “permanecía prófugo de la justicia”.
Añadió que personal de la PGJE lo trasladó después a Tuxtla Gutiérrez y luego fue recluido en penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, donde “enfrentará el proceso en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa”.
La dependencia manifestó que Franco Arévalo se encuentra relacionado también en “diversas averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, como probable responsable de los delitos de asociación delictuosa, fraude y abuso de confianza en agravio de la PGJE”.
En este sentido, abundó, “destaca que en 2007 la Empresa Aero Comundú, SA de CV, representada por el propio Franco Arévalo, estableció un contrato con la PGJE, en el contexto de la cuadragésima cuarta sesión ordinaria del FOCODO, para la adquisición de un helicóptero BEL UH-1H UPGRADED”, pero “el contrato fue incumplido a pesar de haberse cubierto 80 por ciento del monto establecido”, por lo que “a partir de ese momento el ahora detenido desapareció, refugiándose en Estados Unidos, donde permaneció prófugo de la justicia”.
Precisó que la Interpol-México detuvo a Franco Arévalo “por el convenio que sostiene la Procuraduría de Chiapas con las Procuradurías Generales de Justicia del país y la Procuraduría General de la República”.
Por su relación con el caso se encuentran presos, además de Salazar Mendiguchía, Manuel Miranda Rodas, ex director de los Servicios Educativos para Chiapas, y ex Subsecretario de Educación Federalizada, así como Gabriel Flores Cancino y Daniel Tadeo Romero, quienes se desempeñaban como jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría del Trabajo y director de Contabilidad y evaluación de la Secretaría de Hacienda de Chiapas, respectivamente. (Retomado del periódico La Jornada)
En un comunicado precisó que el ex funcionario de la Secretaría de Administración fue detenido durante las primeras horas del miércoles, a su arribó al Distrito Federal en el vuelo 409 de American Air-Line, procedente de Dallas, Texas, donde “permanecía prófugo de la justicia”.
Añadió que personal de la PGJE lo trasladó después a Tuxtla Gutiérrez y luego fue recluido en penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, donde “enfrentará el proceso en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa”.
La dependencia manifestó que Franco Arévalo se encuentra relacionado también en “diversas averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, como probable responsable de los delitos de asociación delictuosa, fraude y abuso de confianza en agravio de la PGJE”.
En este sentido, abundó, “destaca que en 2007 la Empresa Aero Comundú, SA de CV, representada por el propio Franco Arévalo, estableció un contrato con la PGJE, en el contexto de la cuadragésima cuarta sesión ordinaria del FOCODO, para la adquisición de un helicóptero BEL UH-1H UPGRADED”, pero “el contrato fue incumplido a pesar de haberse cubierto 80 por ciento del monto establecido”, por lo que “a partir de ese momento el ahora detenido desapareció, refugiándose en Estados Unidos, donde permaneció prófugo de la justicia”.
Precisó que la Interpol-México detuvo a Franco Arévalo “por el convenio que sostiene la Procuraduría de Chiapas con las Procuradurías Generales de Justicia del país y la Procuraduría General de la República”.
Por su relación con el caso se encuentran presos, además de Salazar Mendiguchía, Manuel Miranda Rodas, ex director de los Servicios Educativos para Chiapas, y ex Subsecretario de Educación Federalizada, así como Gabriel Flores Cancino y Daniel Tadeo Romero, quienes se desempeñaban como jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría del Trabajo y director de Contabilidad y evaluación de la Secretaría de Hacienda de Chiapas, respectivamente. (Retomado del periódico La Jornada)
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