México, DF. Septiembre 03.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó hoy proyectos de sentencia en los que se proponía separar del cargo y consignar penalmente al presidente de la República, Felipe Calderón; al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard y a funcionarios de su gabinete por no acatar diversas sentencias emitidas por juzgados y tribunales federales.
Por primera vez en una sesión pública de la Corte se dio lectura a proyectos de sentencia para sancionar al presidente de la República y al jefe de Gobierno capitalino.
Sin embargo, a última hora se comprobó que los funcionarios ya habían cumplido las sentencias, incluso unas horas antes de que iniciara la sesión, por lo que el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, explicó que "el retiro (de los proyectos de sentencia) es debido a que las sentencias han sido cumplidas".
Los funcionarios que de hecho estuvieron en riesgo de ser sancionados -a pesar de que en los proyectos se proponía sancionar a Calderón y Ebrard- fueron el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes, por no acatar la orden de pagar una pensión. Yunes envió un oficio en el que informó que ya se estaba desahogando la queja en el juzgado correspondiente.
Además, los secretarios de Finanzas y de Seguridad Pública local, Mario Delgado y Manuel Mondragón, respectivamente, y el tesorero del Distrito Federal, Luis Rosendo Gutiérrez Román, pues la administración capitalina estaba obligada desde septiembre de 2003 a devolver 1.5 millones de pesos de predial a la empresa Bersán y a pagar salarios caídos de un policía.
Autoridades de las Secretarías de Finanzas y Seguridad Pública del Distrito Federal hicieron llegar -antes de que los magistrados iniciaran la sesión de este jueves- copia de los cheques que comprueban los pagos correspondientes.
Ortiz Mayagoitia sugirió que en casos futuros no se mencione al titular del Ejecutivo ni al jefe de Gobierno capitalino, pues sólo se debe requerir el cumplimiento de una sanción a los dos niveles jerárquicos superiores al servidor público directamente responsable.
Los ministros acordaron retirar los asuntos y serán jueces federales quienes verificarán si efectivamente las autoridades acataron las órdenes que les giraron. (De Las Agencias)
Por primera vez en una sesión pública de la Corte se dio lectura a proyectos de sentencia para sancionar al presidente de la República y al jefe de Gobierno capitalino.
Sin embargo, a última hora se comprobó que los funcionarios ya habían cumplido las sentencias, incluso unas horas antes de que iniciara la sesión, por lo que el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, explicó que "el retiro (de los proyectos de sentencia) es debido a que las sentencias han sido cumplidas".
Los funcionarios que de hecho estuvieron en riesgo de ser sancionados -a pesar de que en los proyectos se proponía sancionar a Calderón y Ebrard- fueron el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes, por no acatar la orden de pagar una pensión. Yunes envió un oficio en el que informó que ya se estaba desahogando la queja en el juzgado correspondiente.
Además, los secretarios de Finanzas y de Seguridad Pública local, Mario Delgado y Manuel Mondragón, respectivamente, y el tesorero del Distrito Federal, Luis Rosendo Gutiérrez Román, pues la administración capitalina estaba obligada desde septiembre de 2003 a devolver 1.5 millones de pesos de predial a la empresa Bersán y a pagar salarios caídos de un policía.
Autoridades de las Secretarías de Finanzas y Seguridad Pública del Distrito Federal hicieron llegar -antes de que los magistrados iniciaran la sesión de este jueves- copia de los cheques que comprueban los pagos correspondientes.
Ortiz Mayagoitia sugirió que en casos futuros no se mencione al titular del Ejecutivo ni al jefe de Gobierno capitalino, pues sólo se debe requerir el cumplimiento de una sanción a los dos niveles jerárquicos superiores al servidor público directamente responsable.
Los ministros acordaron retirar los asuntos y serán jueces federales quienes verificarán si efectivamente las autoridades acataron las órdenes que les giraron. (De Las Agencias)
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