Acteal, Chiapas. Agosto 20.- En el banco de arena y grava de San José Majomut, espacio de 68 hectáreas que desde agosto de 1996 se disputan priistas y zapatistas, 13 años han sido nada. Ni los muertos han parado la violencia en la zona. Como en aquel entonces, hoy las autoridades federales y estatales sólo miran.Para Norberto Gutiérrez, ex integrante del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y priista, “la violencia está a punto, pues el conflicto está ahí”.
Todos los actores lo saben, y lo hablan y se acusan mutuamente.
Un poco arriba de la mina se encuentra el municipio autónomo en rebeldía de San Pedro Polhó. Al amanecer sus chozas se ven cubiertas del humo que sale de ellas y en la entrada principal un hombre enmascarado sólo escucha y remite a los enviados a Oventic a tramitar un permiso para hablar. No hay más.
“Hay grupos paramilitares en Sananbolom”, dice el hombre.
Gutiérrez Guzmán afirma que “los gobiernos federal y estatal no han sabido intervenir. Hoy la situación está tensa, pues a la orilla de la carretera, cerca del banco de grava, los zapatistas han levantado casas igual que lo que se vio en 1997.
“Sólo estamos esperando a que nos vengan a expulsar, pues hay rumores de que vienen a agredirnos y que preparan la venganza.”
Todo está igual que en 1996 y la memoria está fresca, indica.
—Aquí es territorio rebelde y la mina la administra el pueblo —, exclamó en agosto de 1996 Javier Ruiz Hernández, quien iba acompañado de Miguel Luna Pérez, Agustín Guzmán Hernández, Bartolo Gutiérrez Vázquez. En total 15 hombres zapatistas; todos ellos fuertemente armados.
—Cómo, si nosotros tenemos la posesión y los documentos —, contestaron.
—Aquí ya no valen los documentos, todo lo que hay en territorio zapatista lo administra el pueblo—, citaron al subcomandante Marcos.
No hubo más palabras. Comenzaron los balazos, amenazas con armas blancas y orificios que aún se ven en una camioneta de la mina.
Todo sigue igual como en 1996.
Todo, pese a la semejanza de las comunidades zapatistas y priistas. La miseria es la misma. El zapatista de la tienda se queja: “Aquí hay una gran miseria y en el campo se gana 30 pesos al día y no hay dinero para comida. En el telar (cooperativas zapatistas) las mujeres trabajan de 16 a 18 horas al día y sólo ganan 12 pesos por día”.
San José Majomut tiene 180 habitantes y su banco de arena y grava fue lo que detonó la masacre en Acteal en diciembre de 1997. Después de esos hechos se llegó a un acuerdo.
“Cansados de la violencia tomamos la decisión de dejar una parte del banco al municipio autónomo de Polhó. Mitad y mitad, pero ahora ellos quieren todo”, dice Gutiérrez Guzmán.
El mismo representante del banco de arena, quien en 1996 fuera secuestrado por sus vecinos zapatistas, reconoce la existencia, igual que ayer de grupos de autodefensa. No obstante, niega que estén armados, a diferencia de los zapatistas.
“Teníamos que defender nuestros derechos, el café y maíz, pues nos venía invadiendo el municipio autónomo.”
Fue cuando la gente comenzó a armarse bajo el ejemplo de Antonio López Santis que desde Los Chorros comenzó a coordinar la defensa. Las armas iban y venían por las diferentes comunidades de Chenalhó, explica.
“Él es un hombre trabajador, propietario de mucho café y comenzó a comprar armas, pues tenía que defender lo suyo. La demás gente se comenzó a armar por los rumores del avance del EZLN. Fue como comenzaron los grupos de autodefensa.”
Para el abarrotero zapatista siete u ocho familias “cardenistas” se quedan con el dinero de la mina, pero Gutiérrez Guzmán lo niega y dice que el dinero va para mejoras de la comunidad.
Insisiten en reubicar a excarcelados
El gobierno de Chiapas mantiene su postura de reubicar a los indígenas que han sido liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exonerados por el caso Acteal, señaló el secretario de Gobierno, Noé Castañón León.
El funcionario estatal enfatizó que los 20 indígenas liberados el pasado 12 de agosto han manifestado que quieren estar a la espera de que sus 32 compañeros que siguen presos sean liberados, para que juntos decidan dónde reubicarse.
Hasta ahora, reiteró, no han rechazado la oferta de la autoridad pero quieren esperar, piensan que es una forma de solidaridad con los que están detenidos; algunos ya eligieron ubicarse en el municipio de Ocozocoautla, otros en Berriozábal.
Subrayó que en caso de que salgan los demás, juntos vean dónde van a vivir; sin embargo, están también valorando y visitando otros escenarios de terrenos, hay posibilidades, manifestó.
Refirió que se les ha informado que la SCJN turnó el asunto al ministro José Ramón Cossío Díaz, luego de que fue desechada la ponencia del ministro Sergio Valls Hernández. (Retomado del periódico Milenio)














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