México, DF. Julio 08.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó de manera indefinida la revisión de un caso que le permitirá definir si los militares pueden o no ser juzgados por civiles por los delitos que cometan cuando realizan labores de combate al crimen o de seguridad pública.
La Primera Sala del alto tribunal, integrada por tan sólo 5 ministros, decidió enviar el juicio al Pleno de la Corte para que sean los 11 ministros del alto tribunal, y no sólo ellos, quienes resuelvan el juicio de amparo que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares en marzo del 2008, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa cuando los confundieron con narcotraficantes pese a que en la camioneta en la viajaban y que fue baleada no portaban ni armas ni droga,.
Dicho juicio fue atraído por la SCJN desde el 1 de abril del año en curso y en él han cifrado todas sus esperanzas los organismos no gubernamentales que buscan que el fuero militar se abra para que los elementos del Ejército que comentan violaciones de derechos humanos durante su participación en tareas de seguridad y lucha al crimen sean juzgados por civiles.
En el caso en cuestión, de acuerdo con el abogado Luis Miguel Cano, en su calidad de víctima, la esposa del joven asesinado impugnó el hecho de que los cuatro presuntos homicidas -un oficial y cuatro elementos de tropa-de su difunto marido y de sus acompañantes sean juzgados por un juez militar, por considerar que no será imparcial a la hora de dictarles sentencia.
Después de revisarlo, el ministro José Ramón Cossío presentó un proyecto de sentencia en el que se propone entrar al estudio de fondo de este tema y el mismo fue agendado para ser resuelto en la sesión de este miércoles pero a petición de algunos de sus compañeros, el caso se aplazó y se envió al Pleno.
El problema es que en el Pleno la lista de asuntos pendientes de resolver es larga, pues enfrenta un rezago importante, de ahí que la única forma de que este caso se resuelva antes de que termine el año sería que sea colocado entre las prioridades de la Corte.
Gómez Mont defiende juicio militar sobre el civil
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que la justicia militar es imparcial para juzgar a los integrantes del Ejército mexicano, por lo que una valoración distinta, enfatizó, es “no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores constituciones”.
Tras encabezar la delegación de México en la audiencia por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, Gómez Mont enfatizó que las mismas garantías constitucionales a favor de las víctimas, operan en el ámbito de la justicia civil como de la militar.
El funcionario recordó que la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional, como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación, por lo que existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil.
En el comunicado, difundido 30 horas después de su comparecencia ante la CIDH, Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las mismas garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar.
En su edición impresa de este miércoles el periódico El Universal destacó que el gobierno de México estableció que dicho organismo internacional, no tiene competencia para juzgar la desaparición forzada de Radilla Pacheco durante la denominada guerra sucia, cuando tenía 60 años de edad.
En el comunicado, Gómez Mont apuntó que para el gobierno federal, la consolidación de la democracia tiene como eje fundamental el reconocimiento y el respeto irrestricto en los derechos humanos y aclaró que la realidad mexicana es distinta a la de esos años.
“El proceso de transición, afirmó, descansa sobre el dolor de casos como el de Rosendo Radilla”, aseveró.
Al referirse al proceso de reconstrucción institucional, el funcionario destacó que el Estado ha avanzado de manera gradual y sostenida en materia de derechos humanos desde los años setenta. México forma parte de todos los tratados universales de derechos humanos, y el gobierno está abierto a un diálogo permanente con todas las instancias internacionales en la materia. (De Las Agencias)
La Primera Sala del alto tribunal, integrada por tan sólo 5 ministros, decidió enviar el juicio al Pleno de la Corte para que sean los 11 ministros del alto tribunal, y no sólo ellos, quienes resuelvan el juicio de amparo que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares en marzo del 2008, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa cuando los confundieron con narcotraficantes pese a que en la camioneta en la viajaban y que fue baleada no portaban ni armas ni droga,.
Dicho juicio fue atraído por la SCJN desde el 1 de abril del año en curso y en él han cifrado todas sus esperanzas los organismos no gubernamentales que buscan que el fuero militar se abra para que los elementos del Ejército que comentan violaciones de derechos humanos durante su participación en tareas de seguridad y lucha al crimen sean juzgados por civiles.
En el caso en cuestión, de acuerdo con el abogado Luis Miguel Cano, en su calidad de víctima, la esposa del joven asesinado impugnó el hecho de que los cuatro presuntos homicidas -un oficial y cuatro elementos de tropa-de su difunto marido y de sus acompañantes sean juzgados por un juez militar, por considerar que no será imparcial a la hora de dictarles sentencia.
Después de revisarlo, el ministro José Ramón Cossío presentó un proyecto de sentencia en el que se propone entrar al estudio de fondo de este tema y el mismo fue agendado para ser resuelto en la sesión de este miércoles pero a petición de algunos de sus compañeros, el caso se aplazó y se envió al Pleno.
El problema es que en el Pleno la lista de asuntos pendientes de resolver es larga, pues enfrenta un rezago importante, de ahí que la única forma de que este caso se resuelva antes de que termine el año sería que sea colocado entre las prioridades de la Corte.
Gómez Mont defiende juicio militar sobre el civil
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que la justicia militar es imparcial para juzgar a los integrantes del Ejército mexicano, por lo que una valoración distinta, enfatizó, es “no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores constituciones”.
Tras encabezar la delegación de México en la audiencia por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, Gómez Mont enfatizó que las mismas garantías constitucionales a favor de las víctimas, operan en el ámbito de la justicia civil como de la militar.
El funcionario recordó que la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional, como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación, por lo que existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil.
En el comunicado, difundido 30 horas después de su comparecencia ante la CIDH, Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las mismas garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar.
En su edición impresa de este miércoles el periódico El Universal destacó que el gobierno de México estableció que dicho organismo internacional, no tiene competencia para juzgar la desaparición forzada de Radilla Pacheco durante la denominada guerra sucia, cuando tenía 60 años de edad.
En el comunicado, Gómez Mont apuntó que para el gobierno federal, la consolidación de la democracia tiene como eje fundamental el reconocimiento y el respeto irrestricto en los derechos humanos y aclaró que la realidad mexicana es distinta a la de esos años.
“El proceso de transición, afirmó, descansa sobre el dolor de casos como el de Rosendo Radilla”, aseveró.
Al referirse al proceso de reconstrucción institucional, el funcionario destacó que el Estado ha avanzado de manera gradual y sostenida en materia de derechos humanos desde los años setenta. México forma parte de todos los tratados universales de derechos humanos, y el gobierno está abierto a un diálogo permanente con todas las instancias internacionales en la materia. (De Las Agencias)
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