México, DF. Mayo 12.- La Secretaría de la Función Pública investiga a funcionarios de la Secretaría de Gobernación para determinar quién balconeó datos clasificados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que ponen en riesgo a decenas de agentes en el país.
Luego de que Milenio Diario diera a conocer ayer que las direcciones de 124 centros operativos del Cisen, la marca de sus vehículos y hasta el calibre de sus armas permanecieron disponibles por seis meses en Compranet, la SFP informó que decidió abrir ayer una investigación “ante las notables omisiones que se cometieron” al revelar datos ultraconfidenciales como parte de la licitación pública nacional SG-N-DA-09/08.
La Dirección General de Comunicación Social de la Función Pública detalló que se buscará determinar, con exactitud, qué funcionario cometió esta omisión “para deslindar las responsabilidades administrativas correspondientes”.
Después de permanecer por seis meses en Compranet, la lista de direcciones y automóviles del Cisen por fin fue retirada ayer durante la madrugada del sitio de internet, a petición de la propia agencia de inteligencia y de Gobernación.
“La Secretaría de la Función Pública recibió de la Secretaría de Gobernación y el Cisen una petición para bajar de Compranet información que ellos consideran reservada”, indicó la SFP.
Segob y Cisen dijeron a la SFP que la información confidencial fue subida “por un error”, por lo que en respuesta fue eliminada durante la madrugada, para evitar que más personas accedieran a las ubicaciones de las casas de operaciones de la agencia de inteligencia.
Los involucrados
La transcripción de la junta de aclaraciones de la licitación SG-N-DA-09/08 revela que virtualmente toda la estructura administrativa de la Secretaría de Gobernación involucrada en el accidente que costó la vida a Juan Camilo Mouriño participó también en el balconeo de información clasificada del Cisen.
De acuerdo con el reglamento interior de Gobernación y a la transcripción, fueron al menos siete las unidades de la Segob que no impidieron la publicación en Compranet de las direcciones de inmuebles a cargo de la secretaría.
Dentro de la lista de funcionarios de Gobernación responsables de la licitación está media docena de personas que también validaron la contratación presuntamente irregular de la empresa Centro de Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV, encargada de proveer a Gobernación de pilotos para el transporte de Mouriño.
La convocatoria a la licitación de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles de Gobernación ocurrió el 11 de noviembre de 2008, siete días después de la muerte del ex titular de la Segob.
Entre quienes aprobaron la licitación que resquebrajó las ubicaciones secretas del Cisen figuran el Oficial Mayor de la secretaría en noviembre de 2008, Abel Cuevas Melo, hoy candidato a diputado federal del PAN; Carlos Juraidini Rumilla, director general de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, actualmente suspendido por su participación en el caso Mouriño; Efrén Galindo, subdirector de Adquisiciones; Araceli Guevara, jefa del Departamento de Licitaciones de Bienes; y Víctor Manuel Cerecero, representante del Órgano Interno de Control.
También Saul Benitez Vega, jefe de Departamento de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Claudia Quintero, subdirectora de Área de la Dirección General de Operación y Servicios de Gobernación.
Con excepción de Cuevas Melo, los nombres o firmas de los demás funcionarios aparecen en la transcripción de la junta de aclaraciones —llevada a cabo el 18 de noviembre— que permitió a Banorte, Axa Seguros y Seguros Inbursa primero, y a quien quisiera después, acceso a la información altamente confidencial.
Sin embargo, el reglamento interior de Segob establece que será obligación directa del Oficial Mayor encargarse de asuntos administrativos, como la contratación de un nuevo seguro contra siniestros para inmuebles.
Silencio absoluto del gobierno federal
••• Las instituciones del sistema de seguridad nacional del gobierno de Felipe Calderón guardaron silencio absoluto en torno a la publicación de Milenio Diario respecto de la balconeada de la Secretaría de Gobernación a su propio aparato de inteligencia: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Silencio y hermetismo fueron las respuestas de la propia Segob, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Cisen, mientras otros actores de la vida nacional manifestaron su preocupación por el error de dejar el acceso libre a los pormenores del aparato de inteligencia.
En las oficinas del Palacio de Covián, se buscó insistentemente al vocero de la dependencia encargada de la política interna, Homero Niño de Rivera. Lo hizo vía telefónica como en la misma antesala de su despacho. La respuesta fue un mutis total. Celular desconectado o frases de sus secretarias tales como “el licenciado no se encuentra” o “el licenciado está en acuerdo”.
Más tarde, a través de su Dirección de Información de Comunicación Social, Segob enfatizó que había determinado no emitir declaraciones al respecto.
“No vamos a hacer comentarios al respecto”, dijo su titular, Eduardo Marín.
También se buscó al vocero de la secretaría de la Defensa Nacional, coronel de Caballería Diplomado del Estado Mayor Presidencial, Ricardo Trevilla Trejo. En su oficina se sugirió seguir el protocolo de esa área y en consecuencia enviar un correo electrónico a la dirección comunicación@mail.sedena.gob.mx, en la que se describieron los pormenores de la nota periodística en cuestión, así como un párrafo completo de ésta: “Haciendo caso omiso de diversas leyes, Gobernación subió al portal Compranet del gobierno federal información clasificada y crucial del Centro de Seguridad Nacional, durante el proceso de convocatoria a una licitación pública de seguros contra siniestros para sus bienes”.
Enseguida se plantearon las siguientes preguntas: ¿Se vulnera con ello la seguridad nacional?
¿Qué acciones deberían tomarse? ¿Cuál es la posición de la Defensa Nacional?
Hasta entrada la noche de ayer, se hicieron llamadas telefónicas a la dirección de comunicación social de la Sedena para saber si ya había una posición al respecto. La respuesta del personal militar de esa área fue que el vocero “no esta disponible” o bien que “la solicitud ya fue remitida y se recaba la información”. (Retomado del periódico Milenio)
Luego de que Milenio Diario diera a conocer ayer que las direcciones de 124 centros operativos del Cisen, la marca de sus vehículos y hasta el calibre de sus armas permanecieron disponibles por seis meses en Compranet, la SFP informó que decidió abrir ayer una investigación “ante las notables omisiones que se cometieron” al revelar datos ultraconfidenciales como parte de la licitación pública nacional SG-N-DA-09/08.
La Dirección General de Comunicación Social de la Función Pública detalló que se buscará determinar, con exactitud, qué funcionario cometió esta omisión “para deslindar las responsabilidades administrativas correspondientes”.
Después de permanecer por seis meses en Compranet, la lista de direcciones y automóviles del Cisen por fin fue retirada ayer durante la madrugada del sitio de internet, a petición de la propia agencia de inteligencia y de Gobernación.
“La Secretaría de la Función Pública recibió de la Secretaría de Gobernación y el Cisen una petición para bajar de Compranet información que ellos consideran reservada”, indicó la SFP.
Segob y Cisen dijeron a la SFP que la información confidencial fue subida “por un error”, por lo que en respuesta fue eliminada durante la madrugada, para evitar que más personas accedieran a las ubicaciones de las casas de operaciones de la agencia de inteligencia.
Los involucrados
La transcripción de la junta de aclaraciones de la licitación SG-N-DA-09/08 revela que virtualmente toda la estructura administrativa de la Secretaría de Gobernación involucrada en el accidente que costó la vida a Juan Camilo Mouriño participó también en el balconeo de información clasificada del Cisen.
De acuerdo con el reglamento interior de Gobernación y a la transcripción, fueron al menos siete las unidades de la Segob que no impidieron la publicación en Compranet de las direcciones de inmuebles a cargo de la secretaría.
Dentro de la lista de funcionarios de Gobernación responsables de la licitación está media docena de personas que también validaron la contratación presuntamente irregular de la empresa Centro de Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV, encargada de proveer a Gobernación de pilotos para el transporte de Mouriño.
La convocatoria a la licitación de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles de Gobernación ocurrió el 11 de noviembre de 2008, siete días después de la muerte del ex titular de la Segob.
Entre quienes aprobaron la licitación que resquebrajó las ubicaciones secretas del Cisen figuran el Oficial Mayor de la secretaría en noviembre de 2008, Abel Cuevas Melo, hoy candidato a diputado federal del PAN; Carlos Juraidini Rumilla, director general de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, actualmente suspendido por su participación en el caso Mouriño; Efrén Galindo, subdirector de Adquisiciones; Araceli Guevara, jefa del Departamento de Licitaciones de Bienes; y Víctor Manuel Cerecero, representante del Órgano Interno de Control.
También Saul Benitez Vega, jefe de Departamento de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Claudia Quintero, subdirectora de Área de la Dirección General de Operación y Servicios de Gobernación.
Con excepción de Cuevas Melo, los nombres o firmas de los demás funcionarios aparecen en la transcripción de la junta de aclaraciones —llevada a cabo el 18 de noviembre— que permitió a Banorte, Axa Seguros y Seguros Inbursa primero, y a quien quisiera después, acceso a la información altamente confidencial.
Sin embargo, el reglamento interior de Segob establece que será obligación directa del Oficial Mayor encargarse de asuntos administrativos, como la contratación de un nuevo seguro contra siniestros para inmuebles.
Silencio absoluto del gobierno federal
••• Las instituciones del sistema de seguridad nacional del gobierno de Felipe Calderón guardaron silencio absoluto en torno a la publicación de Milenio Diario respecto de la balconeada de la Secretaría de Gobernación a su propio aparato de inteligencia: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Silencio y hermetismo fueron las respuestas de la propia Segob, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Cisen, mientras otros actores de la vida nacional manifestaron su preocupación por el error de dejar el acceso libre a los pormenores del aparato de inteligencia.
En las oficinas del Palacio de Covián, se buscó insistentemente al vocero de la dependencia encargada de la política interna, Homero Niño de Rivera. Lo hizo vía telefónica como en la misma antesala de su despacho. La respuesta fue un mutis total. Celular desconectado o frases de sus secretarias tales como “el licenciado no se encuentra” o “el licenciado está en acuerdo”.
Más tarde, a través de su Dirección de Información de Comunicación Social, Segob enfatizó que había determinado no emitir declaraciones al respecto.
“No vamos a hacer comentarios al respecto”, dijo su titular, Eduardo Marín.
También se buscó al vocero de la secretaría de la Defensa Nacional, coronel de Caballería Diplomado del Estado Mayor Presidencial, Ricardo Trevilla Trejo. En su oficina se sugirió seguir el protocolo de esa área y en consecuencia enviar un correo electrónico a la dirección comunicación@mail.sedena.gob.mx, en la que se describieron los pormenores de la nota periodística en cuestión, así como un párrafo completo de ésta: “Haciendo caso omiso de diversas leyes, Gobernación subió al portal Compranet del gobierno federal información clasificada y crucial del Centro de Seguridad Nacional, durante el proceso de convocatoria a una licitación pública de seguros contra siniestros para sus bienes”.
Enseguida se plantearon las siguientes preguntas: ¿Se vulnera con ello la seguridad nacional?
¿Qué acciones deberían tomarse? ¿Cuál es la posición de la Defensa Nacional?
Hasta entrada la noche de ayer, se hicieron llamadas telefónicas a la dirección de comunicación social de la Sedena para saber si ya había una posición al respecto. La respuesta del personal militar de esa área fue que el vocero “no esta disponible” o bien que “la solicitud ya fue remitida y se recaba la información”. (Retomado del periódico Milenio)
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