A cuadro
Joven, Cristiana Celene Lugardo Figueroa, es la presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), desde el 2008, por ser hija del alcalde de esta ciudad.Se ha dado lujos, como los viajes junto con el presidente del Patronato de la Feria, Emilio Castañeda, a las ferias de Aguascalientes y Pachuca, Hidalgo, entre otras, con la intención de “aprender”, pero los gastos fueron cargados a los egresos del estado de “resultados” de la festividad.
Las dudas de los gastos excesivos de la presidenta del DIF de Huixtla, surgió durante su informe anual en diciembre, cuando se dejaron ver gallardetes con su fotografía en por lo menos el primer cuadro de la ciudad, reparto de playeras de la principal institución municipal de asistencia social y demás infraestructura, que dejó atrás a la austeridad del edil en su comparecencia con el pueblo en aquellas fechas.
El primer conflicto que salió a la luz pública fue en la víspera de la feria, cuando las Damas Voluntarias del organismo renunciaron. El motivo --conforme a las fuentes del ayuntamiento, del patronato de la festividad de febrero y la dependencia municipal--, fue por una presunta deuda de 8 mil pesos.
Por eso a Cristina Celene Lugardo Figueroa la conocen por sus “excesos”, al grado de contar con un grupo de incondicionales, también a cargo del erario público, entre ellos el responsable de la organización de la feria, Emilio Castañeda, quien funge como asesor, también funcionario de la administración del alcalde de Tapachula, Ezequiel Orduña Morgan.
Ahora, se encuentra en la mira, pues el DIF Municipal intervino no solo en actividades, sino en la distribución de un millón y medio de pesos prestados por el cabildo, lo cual es sancionado por la ley.
La Contraloría Interna del ayuntamiento de Huixtla, a cargo del síndico Rafael García Coutiño, ha guardado “celosamente” las revisiones a los gastos, a pesar que 9 regidores tanto del PRI, PAN, Verde Ecologista y PT lo han pedido por escrito, como de la misma forma hasta el momento no actúa la Contraloría General del Estado ni el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Local. (Redacción/Zona Costa)
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