México, DF. Abril 22.- A partir de la información sobre resultados electorales dada a conocer a los medios de información por el Instituto Federal Electoral, es posible realizar un esfuerzo de agrupamiento y análisis de resultados preliminares de los comicios federales.
Conforme a dichos datos, el Partido Revolucionario Institucional se había hecho acreedor a 31 senadurías y 290 diputaciones por mayoría relativa, por una senaduría y 10 diputaciones uninominales que le correspondieron a Acción Nacional; el PRI conseguiría 30 diputaciones más por vía plurinominal, para un total de 320; el PAN tendría derecho a 89 diputaciones, 79 de ellas por vía plurinominal; el PRD a 41 curules, el PFCRN a 23 posiciones, el PARM a 15 y el PPS a 12, siendo todas las diputaciones de estos últimos cuatro partidos a través de sus listas regionales.
Los resultados oficiales de las elecciones federales de 1991 en México muestran, a la par de la sorprendente recuperación del partido mayoritario, la continuidad del proceso de diferenciación entre dos realidades: una, de competencia fundamentalmente bipartidista hacia el norte del territorio nacional, y la otra, de persistente hegemonía priista, hacia el sur del país. Las desigualdades en el desarrollo del pluralismo entre estos dos Méxicos electorales tiende a reemplazar la tradicional divergencia entre comportamientos urbanos y rurales, que aparentemente estarían convergiendo en forma paulatina.
Es de mencionarse, además, que la información disponible permite constatar la homogeneidad de comportamientos electorales de la ciudadanía de Guanajuato y San Luis Potosí para los comicios federales y estatales, lo que pondría en predicamento intentos por descalificar la limpieza de unos y no de los otros.
Participación electoral. Fueron casi 24 millones 206 mil los mexicanos que acudieron a las urnas en las pasadas elecciones federales. Ello significó que 66.5 por ciento de quienes contaron oficialmente con su credencial fueron a ejercer su derecho de voto.
No resulta extraña la vinculación entre procesos electorales competidos y concurrencia a las urnas: las dos entidades donde se preveía una mayor competencia en los comicios federales, Baja California y el Distrito Federal, presentan las tasas de participación electoral más altas: 79.9 por ciento para la primera y el 77.2 por ciento para la segunda, mientras que en Guanajuato y Querétaro, donde coincidía un proceso para elegir gobernador, las tasas rebasaron los 75 puntos.
En contraparte, fue el corredor de Guerrero y Oaxaca donde se presentó una menor afluencia relativa de los votantes a las urnas.
De los más de 24 millones de sufragios emitidos, poco más de un millón fueron anulados, 4.24 por ciento del total.
Votación nacional. En total, se emitieron más de 23 millones 141 mil sufragios válidos en los comicios para diputados federales en los 300 distritos electorales del país. De ellos, 14 millones 212 mil fueron para el Revolucionario Institucional (PRI), que obtuvo 61.42 por ciento de la votación; 4 millones 96 mil para Acción Nacional (PAN), 17.7 por ciento del total; un millón 911 mil para el PRD, que representó 8.26 por ciento del total; un millón 9 mil para el Partido del Frente Cardenista (PFCRN), 4.36 por ciento del total; 496 mil para el PARM, 2.14 por ciento del total, y 415 mil para el Popular Socialista (PPS), con 1.79 por ciento de los votos; todos ellos contarán con representación en la Cámara de Diputados. No alcanzaron una votación suficiente para conservar su registro cuatro partidos: el PEM, con 339 mil sufragios, 1.46 por ciento de la votación válida; el PT, con 264 mil sufragios, 1.14 por ciento del total; el PDM, con 251 mil, que representó 1.08 por ciento del total, y el PRT, con 137 mil votos, 0.59 por ciento de los votos válidos. Para candidatos no registrados se emitieron 11 mil 704 votos, 0. 05 por ciento del total.
Las diferencias en cuanto al reparto de votos correspondiente a la elección para senadores resulta poco significativa, salvo en las repercusiones habidas por la coalición entre el PRD y el PPS en ocho entidades federativas del país, que favoreciera al segundo de estos partidos en detrimento del primero.
Votación regional. En 30 entidades federativas, el PRI cuenta con mayoría absoluta de votos. Las excepciones son Baja California, donde con 45.75 por ciento de la votación está en una práctica condición de empate con Acción Nacional, con 44.72 por ciento de los sufragios para diputado y que obtendría en esta entidad su primera senaduría, y el Distrito Federal, donde si bien es la mayor fuerza política electoralmente hablando, cuenta con sólo 46.26 por ciento de los votos.
En otras tres entidades el PRI apenas alcanza la condición de mayoría absoluta: Guanajuato, México y Michoacán, con poco más de 53 por ciento de los sufragios válidos en cada una de ellas.
Por el contrario, en 10 entidades federativas el PRI supera los 70 puntos porcentuales; en la mitad de ellas, rebasa las tres cuartas partes de la votación válida: Campeche, con 78.62 por ciento, nivel más alto alcanzado por este partido; Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas.
Del mapeo de los niveles de votación alcanzados por el PRI se desprende una diferenciación en tres grandes regiones: el centro del país, donde en un corredor que va de la capital de la república hacia la costa michoacana este partido detentaría una mayoría precaria; el norte, donde mantiene un predominio superior a los 60 puntos, con la salvedad del especial caso de Baja California, y el sur, donde aún sostiene tasas superiores a los 70 puntos, salvo en Yucatán, donde su ventaja es menor.
Y si el volumen de votación lograda en 1991 superó en casi cinco millones los sufragios emitidos tres años atrás, una cantidad igual de votos fue el aumento reportado por el PRI, que aumenta su votación absoluta en todas las entidades federativas, salvo en Nuevo León, sobre todo debido a su particular calendario electoral que repercutió en una reducida tasa de afluencia a las urnas. El Estado de México le aportó más de 900 mil votos adicionales en esta ocasión al Revolucionario Institucional, mientras que el Distrito Federal le sumó casi tres cuartos de millón de nuevos votos, Veracruz y Jalisco poco menos de medio millón de votos adicionales cada uno y Michoacán y Guanajuato más de 300 mil votos más que el trienio anterior.
Estos niveles de sufragios recibidos se debieron sobre todo a la fuerte recuperación presentada por este partido, que le permitió recobrar 10.32 por ciento de la votación nacional respecto a la elección previa y ubicarse nuevamente dentro de la curva histórica de descenso tendencial de su votación. El avance porcentual de esta organización fue logrado primordialmente en detrimento de los sufragios acaparados en la elección anterior por el Frente Democrático Nacional (FDN), presentando así fuertes avances en Michoacán, Morelos, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal, donde además conseguiría recuperar los 40 distritos electorales y alcanzar votaciones por encima de 40 por ciento en prácticamente todos los distritos.
En contraparte, en algunas entidades la votación relativa del PRI sufrió decremento respecto a la elección anterior. Destaca el caso de Chiapas, donde su práctico monopolio se vio roto y descendió 13.58 por ciento; Yucatán, donde perdiera 7.24 por ciento de su votación, principalmente a manos de Acción Nacional; San Luis Potosí, donde las reñidas elecciones locales le significaran una disminución de 4.32 por ciento Tabasco, donde redujera 3.88 por ciento frente al avance más tardío de la opción neocardenista, y Nuevo León, donde el descenso de 3.68 por ciento se atribuiría más a la carencia de motivaciones a la participación ciudadana debido a la realización previa de los comicios locales.
Geográficamente pudiera situarse una región de fuerte decremento de la presencia priista, correspondiente al noreste del país, conformada por los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, mientras que hacia el noroeste el incremento de su fuerza sería apenas perceptible; por el contrario, hacia el centro del país, en un corredor que incluiría Jalisco, Michoacán, México, Morelos y el Distrito Federal se ubicaría la zona donde el priismo presentó una mayor recuperación del terreno perdido tres años antes.
Por su parte, Acción Nacional cuenta con una mayor presencia electoral en dos entidades extremas: hacia el norte, en Baja California, donde supera los cuarenta puntos porcentuales y conseguiría por vez primera en su historia un triunfo en elección para senador; y en Yucatán, donde alcanzara 35.98 por ciento de la votación válida. En otras tres entidades supera los treinta puntos porcentuales: Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí, mientras que en Nuevo León rebasa la cuarta parte de los sufragios válidos.
En contraparte, son aún doce las entidades federativas donde el PAN carece de una presencia electoral significativa. En cinco de ellas, incluso no rebasa la vigésima parte de los sufragios: Campeche, Guerrero, Nayarit, Tabasco y Veracruz.
Si se observa el mapa nacional de la votación para el PAN se descubre una tendencia al decremento de sus niveles de participación en los sufragios a medida que se desciende hacia el sur del país; ello tendría la excepción de su enclave en la capital de Yucatán y las afectaciones derivadas de la conformación de una región de influencia, que tiene como centro la ciudad de León.
El PAN resulta la oposición predominante en la mayoría de las entidades federativas del país: en veintiún entidades en total cuenta con el mayor caudal de votos oposicionistas, concentrando más de tres cuartas partes de la votación contra la mayoría en seis entidades, cinco ubicadas hacia el norte del territorio: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora; en Yucatán también cuenta con dicho nivel de presencia dentro de la oposición. En Tamaulipas comparte el predominio opositor con el PARM, aunque es de destacarse que la presencia de este último se concentra hacia el norte del estado, mientras que el PAN es más fuerte en la zona de Tampico, donde obtuvo una diputación por mayoría relativa.
La votación relativa de Acción Nacional se mantendría prácticamente estable en el trienio, aunque su zona de influencia se redefine.
Pero si tal ha sido el destino reciente de Acción Nacional, que hablaría de una tendencia hacia la mayor homogeneización de su voto, otro es el caso de las opciones políticas que conformaron el FDN: en conjunto, estas organizaciones muestran un sensible declive en su presencia electoral, al descender millón y medio de votos y sólo presentar tendencias ascendentes en Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Campeche y Chihuahua. En el Valle de México pierden algo más de ochocientos mil votos, 440 mil en el Distrito Federal y 382 mil en el Estado de México.
En términos relativos, el conjunto de partidos que integran el FDN ve descender su votación en 12.56 por ciento. El PRD alcanza, en esta su primera elección federal, el tercer lugar nacional, convirtiéndose en un partido con fuerte presencia en regiones delimitadas del país, destacadamente el corredor formado por Michoacán y Guerrero, obteniendo en la primera 31.19 por ciento de los votos válidos y en la segunda 24.66 por ciento. En estas dos entidades, junto con Tabasco, donde alcanza 18.87 por ciento de los sufragios válidos, el PRD se convirtió en la fuerza opositora con predominio absoluto. En condición relativa, es oposición predominante también en Morelos, Nayarit, Hidalgo y Oaxaca. Resulta asimismo importante la presencia del PRD en la zona metropolitana de la ciudad de México.
El PRD logró, por lo demás, concentrar prácticamente la mitad de los sufragios favorables a los partidos que constituyeran tres años antes el Frente Democrático Nacional (FDN).
El PFCRN alcanzaría sus mayores porcentajes de la votación válida en el Distrito Federal, con 8.59 por ciento; en el Estado de México, con 7.49 por ciento; en Chiapas, con 7.45 por ciento, donde se convertiría en la fuerza opositora predominante; y en Veracruz, con 6.08 por ciento. Lo anterior, referido a la votación para diputados, puesto que en el caso de la elección para senadores rebasaría los once puntos porcentuales en Chiapas y el Distrito Federal.
En dos entidades federativas alcanzó una importante presencia el PARM: en Tamaulipas, donde lo logró 14.67 por ciento de los sufragios; y en Campeche, donde en un proceso coincidente con la elección para gobernador, lograra 10.1 por ciento de los votos válidos para diputado federal.
Apenas en las dos entidades federativas centrales lograría el Popular Socialista superar los tres puntos porcentuales, siendo un partido prácticamente en vías de perder el registro. Su precaria votación se concentró en estas dos entidades, y en Veracruz. Partido sin predominios regionales claros, apenas logró la décima parte de la votación acaparada por los partidos que constituyeran el FDN en la elección previa.
De los cuatro partidos que no lograron el mínimo requerido para obtener el registro, destaca el caso del PEM, no sólo por la novedad de una organización de esta naturaleza en las contiendas electorales mexicanas, sino por haber sido el más próximo a alcanzar el requisito de votación demandado y por su destacada votación en el Distrito Federal, donde obtuvo 4.35 por ciento de los sufragios para diputados y 4.94 por ciento para asambleístas, alcanzando posiciones en el órgano local a pesar de carecer de registro. Dos de cada tres de sus votantes radica en el DF o en el Estados de México, siendo marginal su votación en otras latitudes. Ello hace factible suponer una eventual consolidación de la organización en el Valle de México, con miras a un esfuerzo postergable de expansión nacional.
El PT destacaría por su votación en entidades norteñas, principalmente Durango, donde alcanza 11 por ciento de los votos válidos y, en menor medida, en Chihuahua, Zacatecas y Nayarit. Esta organización pareciera poder tener más futuro como instancia política de alcance regional que como partido pretendidamente nacional.
Marginal resulta ahora la votación para el PDM, aún en sus antiguos bastiones del Bajío, por lo que su destino aún a escala regional resulta cuestionado.
Por último, el PRT apenas superó un punto porcentual de la votación en seis entidades, no significando una fuerza importante en ninguna de ellas, ni siquiera en las entidades centrales de la capital y el Estado de México, donde concentrara más de la mitad de su votación.
En resumen: del análisis de los resultados preliminares de las elecciones federales se perfila un nuevo mapa político nacional, donde el PRI fortalece su presencia hacia el sur del país, el norte tiende a instalarse en un bipartidismo donde el PAN busca ampliar paulatinamente sus zonas de influencia hacia bastiones del centro del país; el PRD tiende a consolidarse como una fuerza con importante presencia en regiones acotadas hacia la parte baja de la costa del Pacífico. Este escenario pareciera apuntalar un esquema de mantenimiento de competencias regionales primordialmente entre el PRI y una fuerza opositora que tienda a concentrar respaldos alternos, donde si bien dos organizaciones pudieran pretender lograr un alcance efectivamente nacional, pareciera necesario el apuntalamiento de un sistema de partidos con opciones de participación a escala regional que alimentara vías de competencia efectiva.
Resultados tradicionales
Las de 1991 fueron unas elecciones federales en muchos sentidos anticlimáticas. Sin embargo, sentaron las bases para los procesos electorales que vivió México a partir de entonces.
Por una parte, la reforma a la normatividad en 1990 —con la que proseguía una serie de transformaciones iniciada en 1977 y todavía no culminada— creó dos instituciones clave en la historia de la democracia mexicana: el Instituto Federal Electoral, concebido como organismo autónomo de Estado (aunque entonces todavía presidido por el secretario de Gobernación) y la credencial de elector con fotografía, que dotaba al padrón electoral de certidumbre y modernidad inéditas. También se fortaleció notablemente el papel de los tribunales electorales, que se convirtió en la máxima autoridad en lo contencioso.
Por otra parte, las elecciones de 1991 dibujaron por primera vez el mapa político que ha vivido la nación desde entonces, con tres partidos grandes, el PRI, el PAN y el PRD, y algunos partidos menores que luchan por mantener su registro y que son expresión de una pluralidad política nacional que rebasa las tres corrientes político-ideológicas dominantes entre el electorado.
La reforma no nació de la nada. El controvertido proceso electoral de 1988 obligaba a cambiar la forma en la que se venían organizando las elecciones en México. Era necesaria una respuesta a las demandas sociales de apertura de espacios para la participación, de búsqueda de nuevas formas de representatividad y, sobre todo, de equidad y certidumbre en los procesos electorales. De otra forma, el país hubiera sufrido una involución hacia el autoritarismo.
Desde el propio gobierno federal se impulsó una reforma constitucional, que incluía la elaboración de un nuevo Código Electoral con la colaboración de todos los partidos. La reforma aspiraba a dotar a las instituciones mexicanas de imparcialidad y dotar de credibilidad a los resultados electorales.
Los aspectos más relevantes de esta reforma fueron la creación del IFE, el reforzamiento del tribunal electoral y, la gran novedad, la credencial de elector con fotografía, que con el tiempo se convirtió no sólo en un candado en contra de posibles fraudes electorales, sino también en la principal identificación de los ciudadanos mexicanos, exhibida a menudo con orgullo.
Aquella reforma entendió que la mayoría política era temporal y que era necesario crear mecanismos para evitar que el grupo mayoritario tiranizara a las minorías. Hubo condiciones de competencia menos inequitativas que en procesos anteriores. Paradójicamente, por el contexto favorable que tenía el gobierno de Salinas de Gortari en esa época, las primeras elecciones con IFE y credencial de elector estuvieron a punto de dar como resultado una reedición del viejo "carro completo" priista que había caracterizado los tiempos autoritarios.
Esta victoria absoluta es todavía más relevante porque sucedió a las tempestuosas elecciones de Michoacán en 1989 —que le dieron la victoria al PRI entre protestas de fraude— y las de Baja California, ese mismo año, en las que, por primera vez en la historia, un candidato de oposición al PRI, el panista Ernesto Ruffo Appel, obtuvo la gubernatura, tras derrotar ampliamente a la abanderada priista, Margarita Ortega Villa.
Impulsada, en parte, por la primicia de la credencial de elector con fotografía, la ciudadanía acudió a votar en porcentajes inéditos para unas elecciones intermedias y el PRI consiguió más del 58 por ciento de los votos. De alguna forma, en 1991, bajo reglas más parejas, el gobierno de Salinas de Gortari obtuvo el aval popular que había sido oscurecido por las irregularidades y por las acusaciones de fraude en las elecciones de tres años atrás.
La recuperación priista fue tan grande que ganó todos los distritos en las elecciones locales del Distrito Federal, circunstancia que impidió llegar a la Asamblea al primero en la lista plurinominal del PRI, quien se suponía sería el coordinador de la bancada tricolor: Marcelo Ebrard, hoy perredista y jefe de gobierno capitalino
A pesar de que se mantuvo el ya para entonces obsoleto sistema de autocalificación por parte del Colegio Electoral, la composición más plural del IFE y las nuevas atribuciones del Tribunal sirvieron de contrapeso y provocaron que las decisiones en lo contencioso estuvieran menos partidizadas y que el Poder Judicial de la Federación tuviera mucho mayor peso que en 1988.
Aquellas fueron las últimas elecciones federales de "recuperación oficial". La última vez en que el Revolucionario Institucional estuvo cerca del "carro completo". Al año siguiente, el PAN volvería a hacerse de otra gubernatura (la de Francisco Barrio, en Chihuahua), mientras los porcentajes del PRI se irían erosionando y el país avanzaría hacia un tripartidismo bien definido.
En este número de La Ruta del Voto presentamos versiones resumidas de dos ensayos de la época, que hablan de cada uno de los aspectos centrales de estas elecciones. José Woldenberg escribió sobre la reforma electoral; Ricardo De la Peña y Rosario Toledo, sobre los resultados. Ambos textos contribuyen a un mejor entendimiento de lo sucedido en aquellos años.
*Versión editada del artículo "El nuevo mapa electoral mexicano”. Aparecido en el El Libro del Año 1992, El Nacional Ricardo de la Peña y Rosario Toledo Laguardia dirigían entonces el Gabinete de Estudios de Opinión. (Retomado del periódico La Crónica)
Conforme a dichos datos, el Partido Revolucionario Institucional se había hecho acreedor a 31 senadurías y 290 diputaciones por mayoría relativa, por una senaduría y 10 diputaciones uninominales que le correspondieron a Acción Nacional; el PRI conseguiría 30 diputaciones más por vía plurinominal, para un total de 320; el PAN tendría derecho a 89 diputaciones, 79 de ellas por vía plurinominal; el PRD a 41 curules, el PFCRN a 23 posiciones, el PARM a 15 y el PPS a 12, siendo todas las diputaciones de estos últimos cuatro partidos a través de sus listas regionales.
Los resultados oficiales de las elecciones federales de 1991 en México muestran, a la par de la sorprendente recuperación del partido mayoritario, la continuidad del proceso de diferenciación entre dos realidades: una, de competencia fundamentalmente bipartidista hacia el norte del territorio nacional, y la otra, de persistente hegemonía priista, hacia el sur del país. Las desigualdades en el desarrollo del pluralismo entre estos dos Méxicos electorales tiende a reemplazar la tradicional divergencia entre comportamientos urbanos y rurales, que aparentemente estarían convergiendo en forma paulatina.
Es de mencionarse, además, que la información disponible permite constatar la homogeneidad de comportamientos electorales de la ciudadanía de Guanajuato y San Luis Potosí para los comicios federales y estatales, lo que pondría en predicamento intentos por descalificar la limpieza de unos y no de los otros.
Participación electoral. Fueron casi 24 millones 206 mil los mexicanos que acudieron a las urnas en las pasadas elecciones federales. Ello significó que 66.5 por ciento de quienes contaron oficialmente con su credencial fueron a ejercer su derecho de voto.
No resulta extraña la vinculación entre procesos electorales competidos y concurrencia a las urnas: las dos entidades donde se preveía una mayor competencia en los comicios federales, Baja California y el Distrito Federal, presentan las tasas de participación electoral más altas: 79.9 por ciento para la primera y el 77.2 por ciento para la segunda, mientras que en Guanajuato y Querétaro, donde coincidía un proceso para elegir gobernador, las tasas rebasaron los 75 puntos.
En contraparte, fue el corredor de Guerrero y Oaxaca donde se presentó una menor afluencia relativa de los votantes a las urnas.
De los más de 24 millones de sufragios emitidos, poco más de un millón fueron anulados, 4.24 por ciento del total.
Votación nacional. En total, se emitieron más de 23 millones 141 mil sufragios válidos en los comicios para diputados federales en los 300 distritos electorales del país. De ellos, 14 millones 212 mil fueron para el Revolucionario Institucional (PRI), que obtuvo 61.42 por ciento de la votación; 4 millones 96 mil para Acción Nacional (PAN), 17.7 por ciento del total; un millón 911 mil para el PRD, que representó 8.26 por ciento del total; un millón 9 mil para el Partido del Frente Cardenista (PFCRN), 4.36 por ciento del total; 496 mil para el PARM, 2.14 por ciento del total, y 415 mil para el Popular Socialista (PPS), con 1.79 por ciento de los votos; todos ellos contarán con representación en la Cámara de Diputados. No alcanzaron una votación suficiente para conservar su registro cuatro partidos: el PEM, con 339 mil sufragios, 1.46 por ciento de la votación válida; el PT, con 264 mil sufragios, 1.14 por ciento del total; el PDM, con 251 mil, que representó 1.08 por ciento del total, y el PRT, con 137 mil votos, 0.59 por ciento de los votos válidos. Para candidatos no registrados se emitieron 11 mil 704 votos, 0. 05 por ciento del total.
Las diferencias en cuanto al reparto de votos correspondiente a la elección para senadores resulta poco significativa, salvo en las repercusiones habidas por la coalición entre el PRD y el PPS en ocho entidades federativas del país, que favoreciera al segundo de estos partidos en detrimento del primero.
Votación regional. En 30 entidades federativas, el PRI cuenta con mayoría absoluta de votos. Las excepciones son Baja California, donde con 45.75 por ciento de la votación está en una práctica condición de empate con Acción Nacional, con 44.72 por ciento de los sufragios para diputado y que obtendría en esta entidad su primera senaduría, y el Distrito Federal, donde si bien es la mayor fuerza política electoralmente hablando, cuenta con sólo 46.26 por ciento de los votos.
En otras tres entidades el PRI apenas alcanza la condición de mayoría absoluta: Guanajuato, México y Michoacán, con poco más de 53 por ciento de los sufragios válidos en cada una de ellas.
Por el contrario, en 10 entidades federativas el PRI supera los 70 puntos porcentuales; en la mitad de ellas, rebasa las tres cuartas partes de la votación válida: Campeche, con 78.62 por ciento, nivel más alto alcanzado por este partido; Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas.
Del mapeo de los niveles de votación alcanzados por el PRI se desprende una diferenciación en tres grandes regiones: el centro del país, donde en un corredor que va de la capital de la república hacia la costa michoacana este partido detentaría una mayoría precaria; el norte, donde mantiene un predominio superior a los 60 puntos, con la salvedad del especial caso de Baja California, y el sur, donde aún sostiene tasas superiores a los 70 puntos, salvo en Yucatán, donde su ventaja es menor.
Y si el volumen de votación lograda en 1991 superó en casi cinco millones los sufragios emitidos tres años atrás, una cantidad igual de votos fue el aumento reportado por el PRI, que aumenta su votación absoluta en todas las entidades federativas, salvo en Nuevo León, sobre todo debido a su particular calendario electoral que repercutió en una reducida tasa de afluencia a las urnas. El Estado de México le aportó más de 900 mil votos adicionales en esta ocasión al Revolucionario Institucional, mientras que el Distrito Federal le sumó casi tres cuartos de millón de nuevos votos, Veracruz y Jalisco poco menos de medio millón de votos adicionales cada uno y Michoacán y Guanajuato más de 300 mil votos más que el trienio anterior.
Estos niveles de sufragios recibidos se debieron sobre todo a la fuerte recuperación presentada por este partido, que le permitió recobrar 10.32 por ciento de la votación nacional respecto a la elección previa y ubicarse nuevamente dentro de la curva histórica de descenso tendencial de su votación. El avance porcentual de esta organización fue logrado primordialmente en detrimento de los sufragios acaparados en la elección anterior por el Frente Democrático Nacional (FDN), presentando así fuertes avances en Michoacán, Morelos, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal, donde además conseguiría recuperar los 40 distritos electorales y alcanzar votaciones por encima de 40 por ciento en prácticamente todos los distritos.
En contraparte, en algunas entidades la votación relativa del PRI sufrió decremento respecto a la elección anterior. Destaca el caso de Chiapas, donde su práctico monopolio se vio roto y descendió 13.58 por ciento; Yucatán, donde perdiera 7.24 por ciento de su votación, principalmente a manos de Acción Nacional; San Luis Potosí, donde las reñidas elecciones locales le significaran una disminución de 4.32 por ciento Tabasco, donde redujera 3.88 por ciento frente al avance más tardío de la opción neocardenista, y Nuevo León, donde el descenso de 3.68 por ciento se atribuiría más a la carencia de motivaciones a la participación ciudadana debido a la realización previa de los comicios locales.
Geográficamente pudiera situarse una región de fuerte decremento de la presencia priista, correspondiente al noreste del país, conformada por los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, mientras que hacia el noroeste el incremento de su fuerza sería apenas perceptible; por el contrario, hacia el centro del país, en un corredor que incluiría Jalisco, Michoacán, México, Morelos y el Distrito Federal se ubicaría la zona donde el priismo presentó una mayor recuperación del terreno perdido tres años antes.
Por su parte, Acción Nacional cuenta con una mayor presencia electoral en dos entidades extremas: hacia el norte, en Baja California, donde supera los cuarenta puntos porcentuales y conseguiría por vez primera en su historia un triunfo en elección para senador; y en Yucatán, donde alcanzara 35.98 por ciento de la votación válida. En otras tres entidades supera los treinta puntos porcentuales: Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí, mientras que en Nuevo León rebasa la cuarta parte de los sufragios válidos.
En contraparte, son aún doce las entidades federativas donde el PAN carece de una presencia electoral significativa. En cinco de ellas, incluso no rebasa la vigésima parte de los sufragios: Campeche, Guerrero, Nayarit, Tabasco y Veracruz.
Si se observa el mapa nacional de la votación para el PAN se descubre una tendencia al decremento de sus niveles de participación en los sufragios a medida que se desciende hacia el sur del país; ello tendría la excepción de su enclave en la capital de Yucatán y las afectaciones derivadas de la conformación de una región de influencia, que tiene como centro la ciudad de León.
El PAN resulta la oposición predominante en la mayoría de las entidades federativas del país: en veintiún entidades en total cuenta con el mayor caudal de votos oposicionistas, concentrando más de tres cuartas partes de la votación contra la mayoría en seis entidades, cinco ubicadas hacia el norte del territorio: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora; en Yucatán también cuenta con dicho nivel de presencia dentro de la oposición. En Tamaulipas comparte el predominio opositor con el PARM, aunque es de destacarse que la presencia de este último se concentra hacia el norte del estado, mientras que el PAN es más fuerte en la zona de Tampico, donde obtuvo una diputación por mayoría relativa.
La votación relativa de Acción Nacional se mantendría prácticamente estable en el trienio, aunque su zona de influencia se redefine.
Pero si tal ha sido el destino reciente de Acción Nacional, que hablaría de una tendencia hacia la mayor homogeneización de su voto, otro es el caso de las opciones políticas que conformaron el FDN: en conjunto, estas organizaciones muestran un sensible declive en su presencia electoral, al descender millón y medio de votos y sólo presentar tendencias ascendentes en Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Campeche y Chihuahua. En el Valle de México pierden algo más de ochocientos mil votos, 440 mil en el Distrito Federal y 382 mil en el Estado de México.
En términos relativos, el conjunto de partidos que integran el FDN ve descender su votación en 12.56 por ciento. El PRD alcanza, en esta su primera elección federal, el tercer lugar nacional, convirtiéndose en un partido con fuerte presencia en regiones delimitadas del país, destacadamente el corredor formado por Michoacán y Guerrero, obteniendo en la primera 31.19 por ciento de los votos válidos y en la segunda 24.66 por ciento. En estas dos entidades, junto con Tabasco, donde alcanza 18.87 por ciento de los sufragios válidos, el PRD se convirtió en la fuerza opositora con predominio absoluto. En condición relativa, es oposición predominante también en Morelos, Nayarit, Hidalgo y Oaxaca. Resulta asimismo importante la presencia del PRD en la zona metropolitana de la ciudad de México.
El PRD logró, por lo demás, concentrar prácticamente la mitad de los sufragios favorables a los partidos que constituyeran tres años antes el Frente Democrático Nacional (FDN).
El PFCRN alcanzaría sus mayores porcentajes de la votación válida en el Distrito Federal, con 8.59 por ciento; en el Estado de México, con 7.49 por ciento; en Chiapas, con 7.45 por ciento, donde se convertiría en la fuerza opositora predominante; y en Veracruz, con 6.08 por ciento. Lo anterior, referido a la votación para diputados, puesto que en el caso de la elección para senadores rebasaría los once puntos porcentuales en Chiapas y el Distrito Federal.
En dos entidades federativas alcanzó una importante presencia el PARM: en Tamaulipas, donde lo logró 14.67 por ciento de los sufragios; y en Campeche, donde en un proceso coincidente con la elección para gobernador, lograra 10.1 por ciento de los votos válidos para diputado federal.
Apenas en las dos entidades federativas centrales lograría el Popular Socialista superar los tres puntos porcentuales, siendo un partido prácticamente en vías de perder el registro. Su precaria votación se concentró en estas dos entidades, y en Veracruz. Partido sin predominios regionales claros, apenas logró la décima parte de la votación acaparada por los partidos que constituyeran el FDN en la elección previa.
De los cuatro partidos que no lograron el mínimo requerido para obtener el registro, destaca el caso del PEM, no sólo por la novedad de una organización de esta naturaleza en las contiendas electorales mexicanas, sino por haber sido el más próximo a alcanzar el requisito de votación demandado y por su destacada votación en el Distrito Federal, donde obtuvo 4.35 por ciento de los sufragios para diputados y 4.94 por ciento para asambleístas, alcanzando posiciones en el órgano local a pesar de carecer de registro. Dos de cada tres de sus votantes radica en el DF o en el Estados de México, siendo marginal su votación en otras latitudes. Ello hace factible suponer una eventual consolidación de la organización en el Valle de México, con miras a un esfuerzo postergable de expansión nacional.
El PT destacaría por su votación en entidades norteñas, principalmente Durango, donde alcanza 11 por ciento de los votos válidos y, en menor medida, en Chihuahua, Zacatecas y Nayarit. Esta organización pareciera poder tener más futuro como instancia política de alcance regional que como partido pretendidamente nacional.
Marginal resulta ahora la votación para el PDM, aún en sus antiguos bastiones del Bajío, por lo que su destino aún a escala regional resulta cuestionado.
Por último, el PRT apenas superó un punto porcentual de la votación en seis entidades, no significando una fuerza importante en ninguna de ellas, ni siquiera en las entidades centrales de la capital y el Estado de México, donde concentrara más de la mitad de su votación.
En resumen: del análisis de los resultados preliminares de las elecciones federales se perfila un nuevo mapa político nacional, donde el PRI fortalece su presencia hacia el sur del país, el norte tiende a instalarse en un bipartidismo donde el PAN busca ampliar paulatinamente sus zonas de influencia hacia bastiones del centro del país; el PRD tiende a consolidarse como una fuerza con importante presencia en regiones acotadas hacia la parte baja de la costa del Pacífico. Este escenario pareciera apuntalar un esquema de mantenimiento de competencias regionales primordialmente entre el PRI y una fuerza opositora que tienda a concentrar respaldos alternos, donde si bien dos organizaciones pudieran pretender lograr un alcance efectivamente nacional, pareciera necesario el apuntalamiento de un sistema de partidos con opciones de participación a escala regional que alimentara vías de competencia efectiva.
Resultados tradicionales
Las de 1991 fueron unas elecciones federales en muchos sentidos anticlimáticas. Sin embargo, sentaron las bases para los procesos electorales que vivió México a partir de entonces.
Por una parte, la reforma a la normatividad en 1990 —con la que proseguía una serie de transformaciones iniciada en 1977 y todavía no culminada— creó dos instituciones clave en la historia de la democracia mexicana: el Instituto Federal Electoral, concebido como organismo autónomo de Estado (aunque entonces todavía presidido por el secretario de Gobernación) y la credencial de elector con fotografía, que dotaba al padrón electoral de certidumbre y modernidad inéditas. También se fortaleció notablemente el papel de los tribunales electorales, que se convirtió en la máxima autoridad en lo contencioso.
Por otra parte, las elecciones de 1991 dibujaron por primera vez el mapa político que ha vivido la nación desde entonces, con tres partidos grandes, el PRI, el PAN y el PRD, y algunos partidos menores que luchan por mantener su registro y que son expresión de una pluralidad política nacional que rebasa las tres corrientes político-ideológicas dominantes entre el electorado.
La reforma no nació de la nada. El controvertido proceso electoral de 1988 obligaba a cambiar la forma en la que se venían organizando las elecciones en México. Era necesaria una respuesta a las demandas sociales de apertura de espacios para la participación, de búsqueda de nuevas formas de representatividad y, sobre todo, de equidad y certidumbre en los procesos electorales. De otra forma, el país hubiera sufrido una involución hacia el autoritarismo.
Desde el propio gobierno federal se impulsó una reforma constitucional, que incluía la elaboración de un nuevo Código Electoral con la colaboración de todos los partidos. La reforma aspiraba a dotar a las instituciones mexicanas de imparcialidad y dotar de credibilidad a los resultados electorales.
Los aspectos más relevantes de esta reforma fueron la creación del IFE, el reforzamiento del tribunal electoral y, la gran novedad, la credencial de elector con fotografía, que con el tiempo se convirtió no sólo en un candado en contra de posibles fraudes electorales, sino también en la principal identificación de los ciudadanos mexicanos, exhibida a menudo con orgullo.
Aquella reforma entendió que la mayoría política era temporal y que era necesario crear mecanismos para evitar que el grupo mayoritario tiranizara a las minorías. Hubo condiciones de competencia menos inequitativas que en procesos anteriores. Paradójicamente, por el contexto favorable que tenía el gobierno de Salinas de Gortari en esa época, las primeras elecciones con IFE y credencial de elector estuvieron a punto de dar como resultado una reedición del viejo "carro completo" priista que había caracterizado los tiempos autoritarios.
Esta victoria absoluta es todavía más relevante porque sucedió a las tempestuosas elecciones de Michoacán en 1989 —que le dieron la victoria al PRI entre protestas de fraude— y las de Baja California, ese mismo año, en las que, por primera vez en la historia, un candidato de oposición al PRI, el panista Ernesto Ruffo Appel, obtuvo la gubernatura, tras derrotar ampliamente a la abanderada priista, Margarita Ortega Villa.
Impulsada, en parte, por la primicia de la credencial de elector con fotografía, la ciudadanía acudió a votar en porcentajes inéditos para unas elecciones intermedias y el PRI consiguió más del 58 por ciento de los votos. De alguna forma, en 1991, bajo reglas más parejas, el gobierno de Salinas de Gortari obtuvo el aval popular que había sido oscurecido por las irregularidades y por las acusaciones de fraude en las elecciones de tres años atrás.
La recuperación priista fue tan grande que ganó todos los distritos en las elecciones locales del Distrito Federal, circunstancia que impidió llegar a la Asamblea al primero en la lista plurinominal del PRI, quien se suponía sería el coordinador de la bancada tricolor: Marcelo Ebrard, hoy perredista y jefe de gobierno capitalino
A pesar de que se mantuvo el ya para entonces obsoleto sistema de autocalificación por parte del Colegio Electoral, la composición más plural del IFE y las nuevas atribuciones del Tribunal sirvieron de contrapeso y provocaron que las decisiones en lo contencioso estuvieran menos partidizadas y que el Poder Judicial de la Federación tuviera mucho mayor peso que en 1988.
Aquellas fueron las últimas elecciones federales de "recuperación oficial". La última vez en que el Revolucionario Institucional estuvo cerca del "carro completo". Al año siguiente, el PAN volvería a hacerse de otra gubernatura (la de Francisco Barrio, en Chihuahua), mientras los porcentajes del PRI se irían erosionando y el país avanzaría hacia un tripartidismo bien definido.
En este número de La Ruta del Voto presentamos versiones resumidas de dos ensayos de la época, que hablan de cada uno de los aspectos centrales de estas elecciones. José Woldenberg escribió sobre la reforma electoral; Ricardo De la Peña y Rosario Toledo, sobre los resultados. Ambos textos contribuyen a un mejor entendimiento de lo sucedido en aquellos años.
*Versión editada del artículo "El nuevo mapa electoral mexicano”. Aparecido en el El Libro del Año 1992, El Nacional Ricardo de la Peña y Rosario Toledo Laguardia dirigían entonces el Gabinete de Estudios de Opinión. (Retomado del periódico La Crónica)
0 comentarios:
Publicar un comentario