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miércoles, 9 de septiembre de 2009

“Fuga de mexicano agrava su situación jurídica”: Secretaría de Relaciones

México, DF. Septiembre 08.- La decisión del estudiante mexicano Alejandro Ordaz Moreno, de no presentarse ante el juez español de su causa, violando así los términos de su libertad provisional, "agrava su situación jurídica", y puede afectar la decisión del Poder Judicial de España, lo que daría lugar al dictamen de otro tipo de medidas por parte de las autoridades españolas.
Así lo indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en torno a la nueva situación que podría enfrentar el joven, luego de que su abogado Fernando Retamar reveló que su cliente dejó de presentarse desde el 30 de julio ante un juez de instrucción -como debía hacerlo cada 15 días-, y señaló sus sospechas de que el joven regresó a México con documentos falsos.
Al respecto, la Cancillería, en un comunicado, indicó que la decisión de Ordaz Moreno, de no seguir enfrentando su proceso judicial en España, "no inhibe ni imposibilita que el proceso jurídico de apelación continúe". Sin embargo, "el haber incumplido la orden de restricción impuesta por su estado de libertad provisional, agrava su situación jurídica".
La dependencia confirmó que el joven, que se encontraba en libertad provisional desde febrero de 2009, dejó de presentarse el 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de Instrucción No. 1 de Sevilla, contraviniendo la orden dictada por la Audiencia Provincial de esa misma ciudad española.
No obstante, la SRE indicó que a través de la Embajada de México en España, "continuará atenta al desarrollo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alejandro Ordaz Moreno ante el Tribunal Supremo de España".
El mexicano fue detenido en marzo de 2008, luego de un enfrentamiento con dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la Ciudad de Sevilla. Fue procesado por los delitos de atentado, homicidio en grado de tentativa, lesiones y portación ilícita de armas, por los que en julio de 2009, la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia condenándolo a ocho años y cuatro meses de prisión, así como al pago de una indemnización, aunque había alcanzado la libertad provisional. (De Las Agencias)

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